La Guardia Civil , en colaboración con Europol y las autoridades francesas y marroquíes, ha desarticulado una organización criminal dedicad...
La Guardia Civil, en colaboración con Europol y las autoridades francesas y marroquíes, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de menores con fines de explotación. La operación, bautizada como “Atlas-Menores”, ha culminado con la detención de 11 personas —ocho en España, dos en Francia y una en Marruecos— acusadas de delitos de trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Los arrestados, de nacionalidades marroquí, ivoriana, francesa y española, formaban una red perfectamente estructurada que operaba desde hace al menos tres años.
El modus operandi comenzaba en Costa de Marfil y Marruecos, donde captadores locales identificaban a familias vulnerables en barrios marginales de Abiyán y Casablanca. Bajo falsas promesas de educación y futuro en Europa, convencían a los padres de entregar a sus hijos —de entre 8 y 16 años— a cambio de cantidades que oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros. Una vez en manos de la red, los menores eran trasladados en vehículos particulares o autobuses hasta puertos marroquíes como Tánger o Nador. Desde allí, cruzaban el Estrecho en pateras o escondidos en camiones hacia las costas de Cádiz y Granada.
El siguiente escalón era Canarias. La isla de Gran Canaria funcionaba como centro logístico: los niños eran alojados en pisos patera durante períodos de entre una semana y un mes, mientras se falsificaban documentos —certificados de nacimiento, pasaportes ivorianos manipulados o incluso actas de tutela ficticias— para hacerlos pasar por hijos de miembros de la organización. Dos de los detenidos en Las Palmas de Gran Canaria, un matrimonio marroquí-español, se encargaban de esta fase, gestionando hasta cinco menores simultáneamente en un piso de tres habitaciones en el barrio de La Isleta.
Una vez preparada la documentación, los menores eran enviados en ferry o avión de bajo coste hacia la Península —principalmente Málaga y Algeciras— y desde allí, en furgonetas con matrícula francesa, cruzaban los Pirineos hasta destinos finales en la región de Île-de-France y Provenza-Alpes-Costa Azul. En Francia, los niños eran entregados a redes de explotación sexual infantil o laboral en talleres textiles clandestinos y restaurantes étnicos de París, Marsella y Lyon. Los investigadores han documentado al menos 28 menores víctimas, aunque sospechan que la cifra real supera el centenar.
La investigación se inició en enero de 2024 tras la denuncia de una menor marfileña de 14 años que logró escapar de un piso en Saint-Denis (París) y contactar con una ONG. Su testimonio permitió identificar a uno de los transportistas franceses detenidos en Hendaya. Durante los 14 registros practicados —ocho en España, cuatro en Francia y dos en Marruecos— se incautaron 48.000 euros en efectivo, 12 pasaportes falsificados, tres armas de fuego, dos vehículos de alta gama y abundante material informático con listas de “clientes” en Francia.
Entre los detenidos destaca el cabecilla, un marroquí de 42 años residente en Algeciras conocido como “Tío Moussa”, que coordinaba toda la ruta desde un locutorio en el barrio de La Piñera. Otro arrestado clave es una mujer francesa de origen ivoriano, trabajadora social en un centro de menores de Marsella, que facilitaba la integración de los niños en el sistema galo a cambio de 2.000 euros por menor.
Las víctimas, todas en situación de extrema vulnerabilidad, han sido puestas bajo tutela de los servicios sociales españoles y franceses. La mayoría presenta secuelas psicológicas graves: trastornos de estrés postraumático, depresión y conductas autolesivas. La operación sigue abierta, y Europol ha emitido órdenes de búsqueda contra otros tres miembros de la red que se cree están en Bélgica y Países Bajos.
Este caso pone de manifiesto la sofisticación de las mafias que explotan la ruta atlántica africana, utilizando Canarias como puente hacia la Europa continental. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar los controles en los puertos canarios y la cooperación transfronteriza para evitar que las islas se consoliden como hub de trata de menores.
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