Estados Unidos ha propuesto un plan controvertido para quedarse con 100.000 millones de dólares de activos rusos congelados —la mayor par...
Estados Unidos ha propuesto un plan controvertido para quedarse con 100.000 millones de dólares de activos rusos congelados —la mayor parte en Europa, con 45.000 millones en Bélgica— y usarlos para financiar la reconstrucción de Ucrania, con Washington recibiendo una porción de las ganancias generadas por esos fondos invertidos en bonos o proyectos. La iniciativa, impulsada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, busca convertir las reservas bloqueadas desde la invasión de febrero de 2022 en un "fondo soberano ucraniano" gestionado por un consejo tripartito (EE.UU., UE y Ucrania), con el 40 % destinado a infraestructuras como carreteras y puertos en Odesa, el 30 % a energía renovable y el 20 % a vivienda, y el 10 % como "prima de gestión" para el Tesoro estadounidense. Este modelo, que podría generar 5.000 millones anuales en rendimientos, ha sido calificado por críticos como "expolio disfrazado de ayuda", pero Bessent lo defiende como "justicia reparadora" para un país que ha perdido 500.000 vidas y 200.000 millones en daños.
Los fondos, parte de los 300.000 millones de reservas del Banco Central Ruso inmovilizados en Occidente —45.000 millones en Euroclear (Bélgica), 20.000 en Francia y 15.000 en Suiza—, han sido objeto de disputas legales desde 2023. Rusia ha demandado ante tribunales de La Haya y Bruselas su devolución inmediata, argumentando "expropiación ilegal", y ha ganado varias apelaciones preliminares que obligan a los países a "proteger" los activos hasta una decisión final. EE.UU., que solo bloqueó 6.000 millones propios, presiona para una "reutilización inmediata" bajo el IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), mientras la UE, con 220.000 millones bajo custodia, prefiere un enfoque más cauto: quedarse con el capital pero usarlo como garantía para préstamos sin intereses a Ucrania, un esquema que generaría 3.000 millones anuales en intereses pagados por Kiev, sin tocar el principal.
Bélgica, que alberga el 15 % del total en Euroclear, se resiste con vehemencia: el primer ministro Alexander De Croo ha advertido que "reclamar demandas rusas podría costar 10.000 millones en litigios", y ha propuesto un fondo fiduciario neutral gestionado por la ONU para evitar responsabilidades directas. Rusia, que ha anunciado "medidas recíprocas" contra activos occidentales, ha elevado el tono con el ministro de Exteriores Lavrov declarando que "esto es robo de Estado y tendrá consecuencias eternas". Ucrania, por su parte, apoya el plan estadounidense: Zelenski ha tuiteado que "es hora de que el agresor pague por sus crímenes", y ha estimado que los 100.000 millones cubrirían el 20 % de los 500.000 millones necesarios para reconstruir.
El debate ha polarizado a la UE: Alemania y Francia prefieren el préstamo garantizado para "evitar precedentes", mientras Polonia y los Bálticos respaldan la expropiación total. En Washington, Trump ha calificado la propuesta europea de "tibia y cobarde", exigiendo "justicia inmediata". En redes, #RusiaPague supera los 2 millones de interacciones, con un 65 % apoyando la reutilización. Económicamente, el plan inyectaría 100.000 millones a Ucrania. Socialmente, une a víctimas de la guerra. Políticamente, fortalece a Biden ante elecciones. Esta propuesta no solo mueve dinero: mueve la balanza de la justicia en un mundo postinvasión.





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