El hermano de Sánchez y Gallardo, en el banquillo: Juicio por contrataciones a dedo en Badajoz del 9 al 14 de Febrero

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha confirmado que David Sánchez , hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez , junto a...

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha confirmado que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto al líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas, se sentarán en el banquillo de los acusados del 9 al 14 de febrero de 2026 por presuntas irregularidades en contrataciones a dedo en la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2021. La causa, que investiga delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, imputa a los 11 acusados la creación de una red de enchufismo que colocó a familiares y afines en puestos de confianza sin concurso público, con un perjuicio estimado de 2,8 millones de euros al erario provincial. Este juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz con un tribunal de tres magistrados, podría derivar en penas de hasta 10 años de prisión y 15 de inhabilitación, convirtiéndose en el mayor escándalo de nepotismo político en la historia reciente de Extremadura.

David Sánchez, de 46 años y técnico de sonido de profesión, fue contratado en 2018 como "coordinador de eventos culturales" en la Diputación con un salario de 48.000 euros anuales, un puesto creado ad hoc sin publicidad ni oposición, según el auto de apertura de juicio oral. Gallardo, entonces presidente de la institución y ahora secretario general del PSOE extremeño, habría firmado personalmente 42 contratos similares para allegados, incluyendo a su cuñada como "asesora de género" y al primo de un concejal como "gestor de redes sociales", todos con sueldos entre 35.000 y 60.000 euros. Los acusados, que incluyen a ex altos cargos como la exvicepresidenta Raquel del Rosario Medina y el exjefe de personal Francisco Javier Paredes, habrían utilizado el programa "Extremadura Cultural" para camuflar estas colocaciones, facturando eventos ficticios como "conciertos en pueblos sin asistencia" o "talleres de igualdad sin alumnado".

La investigación, iniciada en 2022 tras una denuncia anónima de funcionarios, ha destapado un esquema donde los contratos se renovaban automáticamente cada año sin evaluación de rendimiento, con un 70% de los beneficiarios sin titulación relacionada con el puesto. David Sánchez, que residía en Madrid antes de su contratación, habría sido recomendado directamente por su hermano Pedro desde La Moncloa, según mensajes intervenidos donde Gallardo escribía "el presi quiere que lo coloquemos ya". La UCO ha documentado 150.000 euros en viajes y dietas injustificados, incluyendo un "congreso de flamenco" en Sevilla con solo 10 asistentes y un coste de 25.000 euros.

El juicio, que durará seis días, contará con 50 testigos y 200 pruebas documentales, incluyendo correos donde Gallardo ordenaba "firmar rápido antes de que pregunten". La defensa de David Sánchez alega "persecución política", mientras Gallardo ha dimitido de la Diputación pero mantiene su cargo en el PSOE, generando una crisis interna con barones como Guillermo Fernández Vara exigiendo "transparencia total". En Badajoz, 2.000 personas protestaron el jueves frente al Palacio Provincial, con pancartas "No con nuestro dinero". El PP y Vox han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, mientras el PSOE guarda silencio.

Económicamente, el caso podría derivar en devoluciones de 2,8 millones y multas de 5 millones. Socialmente, ha polarizado, con un 65% de extremeños exigiendo dimisiones según encuestas locales. Políticamente, debilita al PSOE, con su aprobación cayendo al 32%. Este banquillo no solo juzga contratos: expone el enchufismo en un España que clama por limpieza.