España avanza en la extinción judicial de la Fundación Franco por apología del franquismo

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en su empeño por disolver la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), una entidad que des...

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en su empeño por disolver la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), una entidad que desde 1979 ha mantenido viva la memoria positiva del dictador Francisco Franco. Este viernes 31 de octubre de 2025, el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, notificó formalmente a la fundación la apertura del procedimiento previo para instar su extinción judicial, alegando que sus actividades vulneran la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fundaciones. La decisión, que llega tras más de un año de investigación, marca un hito en los esfuerzos por cerrar el capítulo de la dictadura en las instituciones públicas.

El proceso, que arrancó en junio de 2024, se inició con un periodo de actuaciones previas para recabar pruebas. Cultura solicitó informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que en mayo de 2025 concluyó que los estatutos de la FNFF promueven "inequívocamente" una visión positiva del franquismo, glorificando las acciones de Franco y minimizando sus atrocidades. Este enfoque, según el informe, constituye apología del golpe de Estado de 1936, humillación a las víctimas de la represión —que causó cientos de miles de muertos, exiliados y represaliados— y una clara incitación al odio y la violencia, prohibida por la Ley 20/2022 de Memoria Histórica. Además, se argumenta que la entidad no persigue fines de interés general, sino una agenda ideológica que contradice el artículo 9 de la Constitución, que condena el franquismo.

La notificación abre un plazo de 10 días hábiles para que la FNFF presente alegaciones y, si lo desea, un periodo de prueba para aportar documentación adicional. Una vez concluido, el Ministerio emitirá una propuesta de resolución, solicitando un dictamen a la Abogacía del Estado. Urtasun firmará entonces la resolución final, que se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil de Madrid. Fuentes gubernamentales estiman que el caso no llegará a los tribunales antes de agosto de 2026, debido a la complejidad de los plazos judiciales. Paralelamente, se pedirá la adopción de medidas cautelares para suspender o limitar las actividades de la fundación durante el proceso, evitando así la continuación de eventos que exalten el régimen.

La FNFF, presidida por Juan Chicharro, ha respondido con vehemencia, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de "sectarismo" y de usar el caso como "francomodín" para desviar la atención de escándalos de corrupción. En un comunicado, la entidad califica la iniciativa de "imposición de una dictadura" y defiende su labor como preservación de la "verdad histórica" sobre el Caudillo, negando cualquier humillación a víctimas. "Solo en la sombra de sospechas de corrupción se entiende este ataque", afirman, prometiendo una defensa "blindada" en los tribunales. Chicharro ha recordado que la fundación, con sede en el madrileño Paseo de la Habana, cuenta con miles de socios y un vasto archivo de documentos franquistas, que juran proteger a toda costa.

Este movimiento se enmarca en la agenda de memoria democrática impulsada por el Ejecutivo desde 2023. Ya en diciembre de 2024, el ministro Ángel Víctor Torres anunció que la FNFF estaba "en sus últimos días", optando por el término "extinción" en lugar de "ilegalización" para enfatizar el cierre legal sin connotaciones penales. Previamente, se exhumaron los restos de Franco del Valle de los Caídos en 2019 y se impulsaron reparaciones a víctimas. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Franquismo (Fevafv) han aplaudido la medida, viéndola como un avance hacia la reconciliación real, aunque advierten de posibles recursos ante el Tribunal Constitucional o incluso Europa.

La resolución judicial no solo afectaría a la FNFF, sino que podría sentar precedente para otras entidades que reivindican el franquismo, como la Fundación para el Mecenazgo o ciertos círculos ultraconservadores. En un país donde el 40% de los jóvenes ignora detalles clave de la dictadura, según encuestas del CIS, este proceso subraya la urgencia de educar sobre los horrores del pasado. Mientras la fundación apela a la libertad de expresión, el Gobierno insiste en que la democracia no puede convivir con símbolos que glorifiquen la tiranía. El desenlace, previsto para 2026, será un test para la madurez de la Transición española: ¿cerrar heridas o reabrirlas?