España ha perdido más de 400 explotaciones de vacuno de leche en los últimos seis años, con una caída acumulada de más de 50.000 litros ...
El motivo es una tormenta perfecta: precios en origen que no cubren costes (0,36-0,38 €/litro frente a 0,48 € de coste medio), subidas del 40 % en piensos, el 60 % en electricidad y el 120 % en fertilizantes desde 2022, además de la nueva normativa de bienestar animal que obliga a inversiones de 80.000-120.000 € por granja antes de 2027. Los ganaderos, con una edad media de 58 años y sin relevo generacional, optan por vender las cuotas y las vacas al matadero: en 2025 ya se han sacrificado 42.000 vacas lecheras más que en 2024.
El impacto en la cesta de la compra es inmediato: España, que era autosuficiente en leche en 2015, importa ahora el 18 % de su consumo (1,4 millones de toneladas), principalmente de Francia, Portugal y Alemania, donde los costes de producción son un 25 % más bajos. El litro de leche entera de marca blanca ha subido un 28 % en dos años y la mantequilla un 45 %, mientras los ganaderos siguen cobrando lo mismo que en 2018. Las industrias lácteas, que concentran el 85 % del mercado en seis grandes grupos, presionan a la baja los precios alegando “excedente europeo”, pero el consumidor paga cada vez más.
Cantabria, que producía 580 millones de litros en 2019, ha caído a 515 millones en 2025. Si la tendencia continúa, en 2030 solo quedarán 300 granjas en toda la región. A nivel nacional, el censo de vacas lecheras ha bajado de 850.000 a 712.000 cabezas, y la producción total se sitúa en 7,1 millones de toneladas, la más baja desde 1996.
Los ganaderos han convocado tractoradas para el 10 de diciembre en Santander, Oviedo y Lugo bajo el lema “Sin ganaderos no hay leche”. En redes #SalvemosLaLeche supera los 1,2 millones de interacciones, con un 80 % exigiendo precios mínimos garantizados y moratoria en la normativa de purines. El Ministerio de Agricultura ha prometido 120 millones en ayudas directas para 2026, pero los productores las consideran “parche” frente a una pérdida estructural de 1.200 millones anuales.
Económicamente, la factura supera los 2.000 millones en pérdida de valor añadido rural. Socialmente, vacía pueblos enteros. Políticamente, coloca al Gobierno ante su mayor crisis agraria desde la PAC de 2023. España no solo pierde granjas: pierde soberanía alimentaria a pasos agigantados.





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