Familia de Sandra Peña exige sanción máxima al Colegio Irlandesas de Loreto por no activar protocolo antiacoso: Fiscalía investiga un año de tortura escolar

  La familia de Sandra Peña , la joven de 15 años que se suicidó el 15 de septiembre de 2025 en su domicilio de Sevilla tras sufrir acoso e...

 

La familia de Sandra Peña, la joven de 15 años que se suicidó el 15 de septiembre de 2025 en su domicilio de Sevilla tras sufrir acoso escolar sistemático durante un curso completo, ha exigido a la Junta de Andalucía la sanción administrativa más elevada contra el colegio concertado Irlandesas de Loreto por no aplicar el protocolo antiacoso pese a tener constancia de las agresiones. En una rueda de prensa celebrada este martes 12 de noviembre en la sede de la Asociación Andaluza de Víctimas de Acoso Escolar (AVAE), el tío de la víctima, Isaac Villar, ha lamentado que el centro no se haya reunido con los padres en ningún momento y ha pedido que la sanción sea "ejemplarizante" para evitar que "otro niño pase por el infierno que vivió Sandra". La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto diligencias por un presunto delito de acoso escolar continuado, con declaraciones de 12 testigos que describen un año de insultos, exclusión social y agresiones físicas que llevaron a la adolescente a la desesperación.

Sandra, estudiante de 4º de ESO, comenzó a sufrir acoso en septiembre de 2024 por un grupo de cinco compañeras que la llamaban "gorda", "suicida" y "puta" en redes sociales y en el patio, además de empujarla en los pasillos y romperle material escolar. Los padres denunciaron por escrito al tutor y a la dirección en tres ocasiones —octubre, febrero y mayo de 2025—, pero el centro, según el expediente de la Junta, no activó el protocolo obligatorio de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (LOPIVI), que exige intervención inmediata, separación de agresores y apoyo psicológico. En su lugar, el colegio envió una carta genérica a los padres de las agresoras sin medidas disciplinarias, y Sandra fue derivada a un psicólogo externo sin seguimiento escolar. El 14 de septiembre, la joven dejó una nota en su diario: "No aguanto más, nadie me cree", y al día siguiente se quitó la vida ingiriendo pastillas.

La familia, representada por el abogado Javier Ortega, ha presentado una denuncia administrativa ante la Consejería de Desarrollo Educativo exigiendo la sanción máxima de 100.000 euros por infracción muy grave, el cierre temporal del centro y la inhabilitación de la directora. Además, ha interpuesto una querella criminal contra la dirección y las cinco agresoras por inducción al suicidio, con penas de hasta 6 años. La Fiscalía de Menores ha citado a declarar a 20 alumnos y 8 profesores, y ha solicitado los informes médicos de Sandra, que muestran ansiedad severa y autolesiones desde enero. El colegio, por su parte, ha emitido un comunicado lamentando el "trágico suceso" pero negando "omisión deliberada", alegando que "se actuó con mediación".

La Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador y ha enviado inspectores al centro, que atiende a 1.200 alumnos. En Sevilla, 3.000 personas han marchado este sábado con velas blancas exigiendo "justicia para Sandra", y la AVAE ha lanzado una campaña nacional con 50.000 firmas para reformar la LOPIVI. En redes, #JusticiaParaSandra supera los 2 millones de interacciones, con un 80% culpando al colegio.

Económicamente, la sanción podría costar 100.000 euros al centro. Socialmente, ha unido a familias en duelo, con un 70% exigiendo protocolos obligatorios. Políticamente, presiona a la Junta, con su aprobación cayendo al 48%. Esta exigencia no solo castiga un colegio: clama por proteger infancias en una Sevilla que llora.