El Gobierno ha impuesto un sobrecoste de 210 millones de euros a los consumidores españoles para cubrir el "modo reforzado" que Re...
El Gobierno ha impuesto un sobrecoste de 210 millones de euros a los consumidores españoles para cubrir el "modo reforzado" que Red Eléctrica activó tras el apagón masivo del 28 de abril de 2025, una intervención directa en el mercado eléctrico que priorizó la energía convencional —gas y nuclear— para garantizar la estabilidad del sistema frente a la inestabilidad de las renovables. Este mecanismo, que incrementó los precios de la electricidad en un 15% durante seis meses, se traduce ahora en un recargo directo en las facturas de los hogares y empresas, con Iberdrola confirmando que comenzará a repercutirlo en las renovaciones de contrato a partir de noviembre de 2025. La medida, que afecta a 28 millones de clientes, se presenta como un castigo al consumidor que cubre la falta de eficiencia del sistema eléctrico nacional, en un contexto donde las renovables representan el 55% de la generación, pero no pueden garantizar la demanda en picos críticos.
El apagón, que dejó sin luz a 12 millones de personas durante 14 horas, fue causado por una caída en cadena de líneas de alta tensión en Andalucía, desencadenada por una sobrecarga en parques eólicos durante una borrasca atlántica. Red Eléctrica activó el "modo reforzado" —un protocolo de emergencia que obliga a las centrales de gas y nuclear a operar al 100% de capacidad, incluso si su energía es más cara— para evitar un colapso total del sistema. Este modo, que duró 180 días, generó un sobrecoste de 210 millones de euros en compras de energía convencional, financiado inicialmente por el sistema de liquidaciones del mercado mayorista (OMIE), pero ahora repercutido al consumidor final mediante un ajuste en la tarifa regulada (PVPC) y en los contratos libres. Iberdrola, que gestiona el 35% del mercado minorista, ha enviado cartas a 5 millones de clientes informando que el recargo será de 3-5 euros mensuales durante 24 meses, mientras Endesa y Naturgy aplicarán fórmulas similares.
El Ministerio de Transición Ecológica defiende la medida como "necesaria para la seguridad del suministro", argumentando que las renovables, aunque baratas, no ofrecen la inercia y respuesta instantánea que requieren los picos de demanda. Sin embargo, asociaciones de consumidores como FACUA denuncian que "se castiga al ciudadano por la falta de inversión en almacenamiento y redes inteligentes", recordando que el plan de baterías prometido en 2023 solo ha instalado el 20% de lo previsto. El sobrecoste equivale a 7 euros por español, y se suma a la inflación energética que ya ha elevado la factura media un 18% en 2025.
El impacto es inmediato. Económicamente, el recargo podría restar 0,1% al consumo privado, afectando especialmente a familias vulnerables con bono social. Socialmente, el 65% de encuestados en El País lo ve como "injusto", exigiendo que lo paguen las eléctricas. Políticamente, debilita a Teresa Ribera, con el PP exigiendo su dimisión. Este sobrecoste no solo ilumina facturas: expone la fragilidad de un sistema eléctrico que prioriza la estabilidad sobre la sostenibilidad, dejando al consumidor como pagano final.
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