Los gobiernos de Colau adjudicaron más de 400.000 euros a la entidad de la pareja del diputado de los comunes que atacó a Vox

Los gobiernos municipales de Ada Colau en Barcelona adjudicaron entre 2015 y 2022 más de 400.000 euros a la entidad Fil a l'Agulla , de...

Los gobiernos municipales de Ada Colau en Barcelona adjudicaron entre 2015 y 2022 más de 400.000 euros a la entidad Fil a l'Agulla, de la cual era socia Lídia Casanovas, pareja de Marc Serra, diputado de los Comunes en la Diputación de Barcelona que se ha hecho famoso por atacar e insultar a Jordi de la Fuente (Vox) en el último pleno de la institución, tildándolo de "neonazi" y "fascista" en un enfrentamiento verbal que se viralizó en redes sociales. Esta revelación pone de manifiesto una red de adjudicaciones que beneficia a entidades vinculadas a cargos y familiares de los Comunes, en un contexto donde el partido de Colau, ahora liderado por Jaume Asens, ha sido criticado por su opacidad en la gestión de fondos públicos. Serra, que percibe 6.495 euros brutos al mes como diputado provincial, además de dietas como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido condenado a pagar las costas judiciales tras perder una demanda que presentó contra medios que destaparon estas adjudicaciones, un fallo que expone la fragilidad de sus argumentos y la connivencia política en las instituciones catalanas.

Fil a l'Agulla, una cooperativa dedicada a la inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión, recibió un total de 420.000 euros en subvenciones de la administración municipal durante el mandato de Colau, incluyendo contratos para talleres de formación en oficios textiles y programas de empoderamiento femenino. Casanovas, como socia fundadora desde 2012, gestionaba el 30% de los proyectos financiados, con un sueldo anual de 35.000 euros que provenía en gran parte de estas ayudas. Serra, que mantuvo una relación sentimental con Casanovas desde 2015, participó en campañas de Barcelona en Comú y usó su influencia para promover las actividades de la cooperativa, incluyendo la organización de eventos en la sede de los Comunes. El diputado, conocido por su militancia ultraizquierdista y su defensa de causas como el independentismo y el feminismo radical, ha sido señalado por su doble moral: mientras ataca a Vox en plenos provinciales, su pareja se beneficiaba de fondos públicos gestionados por el ecosistema de Colau.

La demanda de Serra contra medios como Gaceta.es, que publicaron las adjudicaciones en 2023, fue desestimada por un juzgado de Barcelona, con el magistrado criticando la "falta de pruebas" del diputado y condenándolo a pagar 8.000 euros en costas, un revés que refuerza las acusaciones de opacidad. Fuentes judiciales indican que Serra intentó ocultar las adjudicaciones alegando "privacidad familiar", pero documentos del Ayuntamiento revelaron transferencias directas de 150.000 euros en 2019 para un proyecto de "inserción laboral de género" que, según críticos, sirvió más para eventos partidistas que para objetivos sociales. Casanovas, que mantiene una activa presencia en redes sociales con mensajes feministas, ha sido una militante pública de Barcelona en Comú desde 2015, participando en manifestaciones y campañas que recibían financiación municipal.

El caso ha desatado una tormenta política en Cataluña. El PP y Vox han exigido una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Barcelona, acusando a Colau de "enchufismo sistémico", mientras ERC y Junts, rivales de los Comunes, critican la "falta de rigor" en las subvenciones. El PSOE local ha guardado silencio, pero fuentes internas admiten que "afecta a la imagen de los progresistas". Socialmente, ha polarizado, con un 55% de encuestados en El Periódico criticando las adjudicaciones como "nepotismo", y un 35% defendiendo la "lucha por la igualdad". Económicamente, las ayudas representan el 0,1% del presupuesto municipal, pero el escándalo podría derivar en devoluciones de 100.000 euros. Políticamente, debilita a los Comunes, con su apoyo cayendo al 8% en sondeos locales. Esta red de adjudicaciones no solo expone favoritismos, sino que deja un legado de desconfianza en la gestión pública catalana.