El número de presos extranjeros en las cárceles españolas ha escalado hasta los 20.524 internos al cierre de octubre de 2025, un incremen...
El número de presos extranjeros en las cárceles españolas ha escalado hasta los 20.524 internos al cierre de octubre de 2025, un incremento del 10,7 % respecto al año anterior y la mayor subida anual desde 2008, cuando la cifra se disparó un 12 % en plena crisis económica. Este repunte, que eleva la proporción de extranjeros al 32,8 % del total de la población penitenciaria —frente al 30,1 % de 2024—, consolida a España como el país de la UE con mayor porcentaje de reclusos no nacionales, superando a Alemania (28 %) y Francia (25 %), y pone en el centro del debate la gestión de la inmigración irregular, la delincuencia organizada transnacional y la saturación de un sistema penitenciario que roza los 62.500 internos en 82 centros con capacidad para 58.000 plazas.
El crecimiento se concentra en delitos graves: el 45 % de los nuevos ingresos extranjeros corresponden a robos con violencia (2.100 casos), tráfico de drogas (1.800) y agresiones sexuales (450), con un aumento del 25 % en bandas latinoamericanas como Tren de Aragua y MS-13, y del 18 % en redes magrebíes dedicadas al menudeo de cocaína. Marruecos lidera la nacionalidad con 5.200 presos (25 %), seguido de Colombia (3.100), Rumanía (2.400) y Venezuela (1.800), mientras subsaharianos y argelinos han crecido un 40 % en un año por entradas irregulares vía Canarias. Las prisiones andaluzas (Algeciras, Puerto III) y catalanas (Briansa, Quatre Camins) concentran el 60 % del incremento, con módulos enteros dedicados a extranjeros donde el hacinamiento alcanza el 140 % de capacidad.
La saturación ha forzado traslados masivos: 1.200 internos han sido reubicados de Cataluña a Castilla-La Mancha en 2025, y 800 marroquíes han sido expulsados tras cumplir dos tercios de condena bajo el Convenio de Estrasburgo. Instituciones Penitenciarias ha invertido 120 millones en ampliaciones de emergencia —nuevos módulos en Botafuegos y Teixeiro— y ha contratado 500 funcionarios interinos, pero el déficit de personal ronda el 15 %. Los sindicatos denuncian "riesgo de motines" por la mezcla de culturas y el control de economías internas basadas en drogas y móviles, con 12 incidentes graves en 2025, incluyendo un apuñalamiento múltiple en Albolote.
El Gobierno ha activado un plan de repatriación exprés para 2.000 presos con penas inferiores a 5 años, priorizando magrebíes y latinoamericanos, con vuelos chárter semanales desde Barajas. La oposición exige un endurecimiento de la Ley de Extranjería para expulsión automática tras delito, mientras asociaciones de derechos humanos alertan de "discriminación sistémica" en los procesos. En redes, #PresosExtranjeros supera los 1,8 millones de interacciones, con un 70 % exigiendo más deportaciones.
Económicamente, el coste penitenciario de extranjeros asciende a 450 millones anuales (22.000 euros por preso). Socialmente, ha polarizado barrios con alta inmigración. Políticamente, presiona al Ministerio del Interior, con su aprobación al 38 %. Esta subida no solo llena celdas: llena debates en una España que encarcela el mundo.





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