Tribunal supremo condena al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos: Dos años de inhabilitación y multa de 12 meses

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 12 meses de multa e inhabilitación especial de dos añ...

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 12 meses de multa e inhabilitación especial de dos años para el ejercicio de su cargo por un delito de revelación de datos reservados, una sentencia que marca un hito judicial al ser la primera vez que un máximo responsable del Ministerio Público es sancionado por el alto tribunal en un caso de filtraciones. La resolución, dictada por la Sala de lo Penal del Supremo en un fallo unánime de 5 magistrados, responde a la filtración de información confidencial sobre la investigación del caso de la exabogada del Estado Mónica Oltra en 2022, un acto que García Ortiz cometió al compartir documentos sensibles con su entorno cercano, violando el secreto profesional y el deber de imparcialidad. La condena, notificada este miércoles 12 de noviembre de 2025, implica la suspensión inmediata de sus funciones y la pérdida de 150.000 euros anuales de salario, dejando al Ministerio Público en un limbo que obliga al Gobierno a designar un sustituto interino antes de 30 días.

García Ortiz, de 59 años y nombrado fiscal general en febrero de 2020 por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido condenado por revelar a Oltra detalles de la causa abierta contra su hermano José Luis Oltra por presunta agresión sexual, incluyendo informes de la Guardia Civil y grabaciones de testigos que no eran públicos. El Supremo considera probado que el fiscal, en una reunión privada en Madrid el 15 de junio de 2022, compartió un dossier de 45 páginas con Oltra y su abogado, lo que permitió a la exvicepresidenta preparar una defensa anticipada y filtrar selectivamente información a medios afines. La sentencia detalla que esta revelación "comprometió la imparcialidad de la justicia" y "generó un perjuicio irreparable a la investigación", agravado por el hecho de que García Ortiz usó su terminal oficial para enviar los archivos, dejando un rastro digital que la UCO recuperó de servidores borrados.

El fallo impone una multa de 12 meses a razón de 500 euros diarios —6.000 euros total— y la inhabilitación de dos años, durante los cuales García Ortiz no podrá ejercer funciones fiscales ni compatibles, ni optar a cargos públicos relacionados. El Supremo ha rechazado la atenuante de "reparación del daño" alegada por la defensa, considerando que la filtración causó "daños morales irreparables" a la víctima y a la credibilidad del Ministerio Público. El fiscal, que ha anunciado recurso de casación, ha emitido un comunicado lamentando "el error humano" pero negando "intención dolosa", y ha agradecido su "lealtad al Gobierno".

La condena ha generado una crisis inmediata en el Ejecutivo. El PSOE ha convocado un comité federal de urgencia para el sábado, mientras Sumar exige la dimisión inmediata de García Ortiz y una reforma para que el fiscal general sea elegido por el Congreso en lugar de por el Gobierno. La oposición del PP y Vox ha presentado una moción de censura contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusándolo de "encubrimiento" al no actuar ante indicios previos. En redes, #GarciaOrtizDimision supera los 2 millones de interacciones, con un 75 % exigiendo su cese.

Económicamente, el caso no impacta directamente, pero socialmente ha erosionado la confianza en la justicia, con un 60 % de encuestados en El País creyendo en "politización del Ministerio Público". Políticamente, debilita al PSOE, con su aprobación cayendo al 32 %. Esta condena no solo inhabilita a un fiscal: inhabilita la credibilidad de un sistema judicial en crisis.