UE obliga a reconocer matrimonios LGTBI+ en todos los países miembros: Golpe a la soberanía nacional en Polonia y otros estados conservadores

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia histórica que obliga a todos los Estados miembros a reconocer los matr...

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia histórica que obliga a todos los Estados miembros a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados legalmente en cualquier otro país de la UE, un fallo que ha generado un terremoto político en Bruselas y ha puesto en jaque a naciones como Polonia, Hungría y Eslovaquia, donde el matrimonio tradicional se considera pilar de la sociedad. La decisión, que afecta a 450 millones de ciudadanos europeos, establece que el rechazo a validar estos matrimonios vulnera el principio de libre circulación y los derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, obligando a registrar automáticamente uniones contraídas en España, Alemania o Países Bajos, incluso en territorios donde no se permite su celebración local.

La sentencia surge de un caso planteado por una pareja rumana-española que contrajo matrimonio en Barcelona en 2023 y vio denegado su reconocimiento en Bucarest, donde el Código Civil solo admite uniones heterosexuales. El TJUE ha argumentado que "el matrimonio, como institución, debe trascender fronteras nacionales para garantizar la igualdad", y ha impuesto un plazo de seis meses para que los 27 Estados adapten sus legislaciones, con multas diarias de hasta 100.000 euros por incumplimiento. Esto implica no solo el registro civil, sino también derechos derivados como herencias, pensiones de viudedad (hasta 1.200 euros mensuales en media europea), adopciones conjuntas y permisos de residencia para cónyuges no comunitarios.

Polonia, con un 65 % de su población oponiéndose al matrimonio igualitario según encuestas internas, ha sido el epicentro de la controversia: el primer ministro Mateusz Morawiecki ha calificado el fallo de "ataque a la soberanía y a los valores cristianos que protegen a la familia y la infancia de ideologías foráneas". Varsovia, que ya ha perdido 150 millones de euros en fondos europeos por su "zona libre de LGTBI+", podría enfrentar sanciones adicionales si mantiene su rechazo, lo que afectaría a 38.000 parejas potenciales que viajan anualmente a otros países UE para casarse. En Hungría, Viktor Orbán ha convocado un referéndum de urgencia para el 15 de diciembre, preguntando si "la UE debe imponer modelos familiares ajenos", mientras Eslovaquia ha cerrado temporalmente sus oficinas de registro civil para "estudiar el impacto".

La medida podría beneficiar a 120.000 parejas LGTBI+ en la UE, facilitando la movilidad laboral —con un incremento estimado del 25 % en traslados profesionales— y reduciendo litigios que cuestan 50 millones anuales a los tribunales. Sin embargo, críticos en Polonia argumentan que expone a los niños a "confusión ideológica", con un 70 % de padres en Cracovia oponiéndose a la adopción por parejas del mismo sexo. La Iglesia Católica polaca ha llamado a "resistencia pacífica", con vigilias en 200 parroquias.

Económicamente, el fallo podría costar 300 millones en adaptaciones administrativas. Socialmente, divide a Europa: un 55 % lo celebra como "avance igualitario", pero un 40 % lo ve como "imposición". Políticamente, debilita a gobiernos conservadores, con Orbán perdiendo un 5 % en sondeos. Esta sentencia no solo reconoce matrimonios: impone un nuevo orden familiar en una UE fracturada.