La Comisión Europea ha anunciado una flexibilización significativa en su normativa de emisiones de CO₂ para vehículos nuevos, permitiendo qu...
La Comisión Europea ha anunciado una flexibilización significativa en su normativa de emisiones de CO₂ para vehículos nuevos, permitiendo que los motores de combustión interna sigan presentes en el mercado europeo más allá de 2035. En lugar de la reducción del 100% prevista inicialmente —que equivalía a una prohibición efectiva de coches de gasolina y diésel—, el nuevo objetivo establece una disminución del 90% respecto a los niveles de 2021. Este 10% restante deberá compensarse mediante créditos obtenidos por el uso de acero bajo en carbono producido en la UE, biocombustibles o combustibles sintéticos (e-fuels), abriendo la puerta a híbridos enchufables, vehículos con extensor de autonomía y, en menor medida, motores térmicos tradicionales.
Esta decisión responde a la intensa presión de la industria automovilística europea, liderada por Alemania e Italia, que advertía de los riesgos para el empleo y la competitividad frente a la competencia china y estadounidense. La desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos, muy por debajo de las expectativas, junto con retrasos tecnológicos y la crisis de demanda, han forzado a Bruselas a introducir "flexibilidades" para evitar multas millonarias a los fabricantes y posibles cierres de fábricas. El paquete incluye también incentivos para vehículos eléctricos pequeños y asequibles fabricados en Europa, así como un refuerzo en la electrificación de flotas empresariales, que representan el 60% de las matriculaciones.
Sin embargo, la medida ignora directamente la petición del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien la semana pasada envió una carta a Ursula von der Leyen instando a mantener la prohibición total de coches de diésel y gasolina en 2035. Sánchez argumentaba que cualquier retroceso frenaría la penetración de los eléctricos puros y pondría en riesgo la competitividad europea a largo plazo. España, junto con Francia en menor medida, defendía la hoja de ruta original para proporcionar estabilidad a inversores y ciudadanos. Ahora, con esta rebaja, el Gobierno español ha expresado su rechazo, insistiendo en que se debe "continuar con la ambición climática pactada".
La decisión supone un aparente giro en la agenda verde de la Comisión, especialmente simbólico al contar entre sus vicepresidentes con Teresa Ribera, exministra española y firme defensora de la transición ecológica justa. Ribera, responsable de la Transición Limpia, Justa y Competitiva, había mantenido públicamente su compromiso con objetivos ambiciosos, pero la propuesta ha sido impulsada por otros comisarios como Stéphane Séjourné (Industria) y Wopke Hoekstra (Clima), priorizando la "neutralidad tecnológica" y el apoyo al sector automovilístico en crisis.
Organizaciones ecologistas como Greenpeace y Transport & Environment han calificado el cambio de "retroceso histórico" que beneficia a la industria fósil y retrasa la lucha contra el cambio climático, mientras que fabricantes como Volkswagen lo celebran como "pragmático". Analistas estiman que, en la práctica, los coches de combustión pura se limitarán a nichos premium debido al alto coste de los e-fuels y compensaciones, pero la medida alivia la presión inmediata sobre las marcas europeas.
El paquete debe aún negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo, pero con el respaldo del Partido Popular Europeo —el grupo mayoritario—, es probable su aprobación. Bruselas insiste en que el objetivo de neutralidad climática en 2050 permanece intacto, aunque este ajuste revela las tensiones entre ambición verde y realidades económicas en un contexto de competencia global feroz. La región automovilística europea, que emplea a millones, contiene la respiración ante un futuro híbrido entre electrificación forzada y supervivencia de tecnologías tradicionales.





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