El Gobierno aprueba una fuerte subida de las pensiones mínimas y no contributivas para 2026, hasta el 11,4% en los casos más vulnerables

El Gobierno español ha aprobado este martes, en el último Consejo de Ministros de 2025, un real decreto-ley que establece la revalorizaci...

El Gobierno español ha aprobado este martes, en el último Consejo de Ministros de 2025, un real decreto-ley que establece la revalorización de las pensiones y prestaciones públicas para 2026. La medida principal confirma un incremento general del 2,7% para las pensiones contributivas, en línea con la evolución media del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo ha priorizado un impulso adicional para las prestaciones más bajas, con subidas que superan ampliamente esta cifra media, demostrando un compromiso firme con la protección de los colectivos más vulnerables.

En concreto, las pensiones mínimas contributivas experimentarán un aumento de más del 7% en la mayoría de los casos, alcanzando hasta el 11,4% para aquellas con cónyuge a cargo o en situaciones de viudedad con cargas familiares. Esta diferenciación busca acercar estas cuantías al umbral de pobreza y compensar las trayectorias laborales más precarias, especialmente entre las mujeres. Por ejemplo, una pensión mínima de jubilación para un titular mayor de 65 años en hogar unipersonal pasará de unos 12.242 euros anuales en 2025 a aproximadamente 13.107 euros en 2026, mientras que con cónyuge a cargo el salto será mayor, hasta los 17.592 euros anuales.

Aún más significativa es la revalorización del 11,4% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las no contributivas, destinadas a personas que no han cotizado lo suficiente y se encuentran en situación de necesidad, benefician actualmente a cerca de 471.000 perceptores, de los cuales el 63% son mujeres. Su cuantía mensual pasará de alrededor de 564,7 euros a unos 629 euros, lo que supone unos 64 euros más al mes. Este incremento forma parte de un proceso progresivo iniciado en años anteriores para converger hacia el 75% del umbral de pobreza en un hogar unipersonal para 2027.

El IMV, por su parte, que apoya a unas 785.000 familias en riesgo de exclusión, también se elevará un 11,4%. Para un hogar unipersonal, esto implica pasar de unos 658,8 euros mensuales a aproximadamente 733,9 euros, añadiendo unos 75 euros al mes. Estas subidas responden a las recomendaciones del Pacto de Toledo y al Real Decreto-ley de 2023, que establecen un mecanismo de convergencia para garantizar un suelo digno de protección social.

En total, la medida afectará a más de 9,4 millones de pensionistas contributivos, que reciben 10,42 millones de prestaciones, más los beneficiarios de no contributivas y clases pasivas. La pensión media de jubilación, la más común, aumentará unos 570 euros anuales, situándose en torno a los 1.552 euros mensuales en 14 pagas. No obstante, persiste una brecha de género notable: los hombres cobran de media 1.728 euros en jubilación, frente a los 1.209 euros de las mujeres, debido a carreras laborales interrumpidas o precarias.

Este paquete forma parte del mantenimiento del "escudo social", que incluye también la prórroga de prohibiciones de desahucios para vulnerables, descuentos en transporte y bono social eléctrico. El coste adicional para el Estado se estima en miles de millones, elevando el gasto en pensiones hacia el 13% del PIB en 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha enfatizado que estas decisiones refuerzan el Estado de Bienestar, ofreciendo "certeza" a los pensionistas en un contexto de moderación inflacionista. Con estas subidas, el Gobierno busca no solo mantener el poder adquisitivo, sino reducir la desigualdad y proteger a los más expuestos a la pobreza en la vejez o vulnerabilidad.