Golpe a la corrupción socialista: Detenidos Leire Díez y Vicente Fernández en la misma operación por la trama de la SEPI

  La Policía Nacional ha detenido a Leire Díez , exmilitante del PSOE y exasesora en el Ministerio de Transportes durante el Gobierno de ...

 

La Policía Nacional ha detenido a Leire Díez, exmilitante del PSOE y exasesora en el Ministerio de Transportes durante el Gobierno de Pedro Sánchez, y a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en una macrooperación contra una presunta red de adjudicaciones irregulares que ha sacudido los cimientos del partido socialista. Los arrestos, llevados a cabo simultáneamente en Madrid y Barcelona, forman parte de la Operación Fénix, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y coordinada por la UCO de la Guardia Civil, que investiga una trama de corrupción en la SEPI por valor de más de 240 millones de euros en contratos públicos amañados entre 2020 y 2024.

Díez, de 42 años y expulsada del PSOE en 2023 por "conductas incompatibles", fue arrestada en su domicilio de la calle Serrano a las 07:00 horas, cuando agentes irrumpieron con orden judicial y registraron su piso durante seis horas, incautando tres ordenadores, cuatro móviles y documentación contable. Fernández, de 68 años y que dirigió la SEPI entre 2018 y 2022 bajo el mandato de Ábalos, fue detenido en su chalet de La Moraleja a las 08:30 horas, donde se encontró 120.000 euros en efectivo dentro de una caja fuerte y un USB con transferencias offshore a empresas pantalla en Panamá.

La operación, que ha involucrado a 120 agentes y ha registrado 18 domicilios y oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia, apunta a una red que adjudicaba contratos de emergencia durante la pandemia —mascarillas, material sanitario y obras públicas— a empresas controladas por los investigados, cobrando comisiones del 12 % al 18 %. Díez, que pasó de ser jefa de prensa del PSOE a asesora en Transportes en 2020, habría actuado como "conseguidora" para empresas vinculadas a la trama Koldo, facturando 1,2 millones en consultorías ficticias. Fernández, por su parte, habría desviado fondos de la SEPI a sociedades de su entorno familiar, incluyendo un contrato de 45 millones para ventiladores que nunca se entregaron.

La UCO ha documentado más de 50 transferencias sospechosas desde cuentas de la SEPI a paraísos fiscales, y ha intervenido mensajes de WhatsApp donde Díez escribe a Fernández “el paquete ya está listo, confirma el 15 %”. Ambos están imputados por organización criminal, cohecho, malversación y blanqueo, con penas que podrían superar los 25 años. El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para los dos, considerando su riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

El PSOE ha suspendido de militancia a Díez y ha pedido la dimisión inmediata de Fernández, aunque este ya no ocupa cargo público. La oposición ha exigido la comparecencia de Sánchez en el Congreso y una auditoría total de la SEPI.

En redes #DíezYFernández supera los 2,1 millones de interacciones, con un 85 % exigiendo dimisiones en cadena. Económicamente, la trama podría costar 240 millones al erario. Socialmente, indigna a un país harto de casos socialistas. Políticamente, acelera la crisis del Gobierno, con aprobación cayendo al 30 %. Dos detenidos no son solo nombres: son el rostro de una corrupción que no para de crecer.