La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado la operación contra la presunta trama de corrupción y tráfico de inf...
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado la operación contra la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que salpica al PSOE, realizando nuevos registros, entre ellos el de la sede central de la empresa energética Forestalia en Zaragoza, y procediendo al arresto de una tercera persona, un alto directivo de la compañía, por su supuesta implicación en adjudicaciones irregulares de proyectos renovables por valor de más de 1.200 millones de euros. La acción se produce apenas 48 horas después de la detención de Leire Díez, ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y vinculada al entorno de Teresa Ribera, y eleva a tres los arrestados en una investigación que ya apunta directamente a “favorecimiento sistemático” desde el Gobierno a empresas afines a cambio de comisiones y contratos inflados.
Los agentes de la UCO, apoyados por 40 efectivos y peritos judiciales, han irrumpido a las 07:00 horas en las oficinas de Forestalia en la avenida Ranillas de Zaragoza, incautando ordenadores, discos duros externos y documentación relacionada con concursos públicos de eólica y biomasa adjudicados entre 2021 y 2024. El detenido, un directivo de 52 años identificado como J.M.G., ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil en Madrid para declarar ante el juez, acusado de cohecho, tráfico de influencias y malversación. Forestalia, una de las mayores promotoras renovables de España con 12.000 MW en desarrollo, ha visto paralizada su actividad durante ocho horas, con empleados confinados en salas mientras los agentes revisaban despachos y servidores.
La operación, que ya suma 12 registros en total, se centra en la adjudicación de parques eólicos en Aragón y Castilla y León, donde Forestalia habría obtenido licencias exprés a cambio de pagos a intermediarios vinculados al PSOE. Fuentes de la investigación aseguran que Leire Díez, exdirectora general de Políticas Energéticas detenida el domingo, habría actuado como “puente” entre el Ministerio y la empresa, facilitando información privilegiada y acelerando trámites a cambio de “retribuciones” que superan los 800.000 euros.
El juez ha decretado secreto de sumario por 30 días más y ha solicitado a la Intervención General del Estado un informe sobre los 1.200 millones adjudicados a Forestalia en concursos públicos desde 2021. La empresa ha emitido un comunicado asegurando “colaboración total” y negando irregularidades, pero sus acciones han caído un 18 % en la bolsa alternativa BME Growth.
El PSOE ha convocado una rueda de prensa de urgencia para esta tarde, mientras la oposición exige la comparecencia inmediata de Ribera y la creación de una comisión de investigación en el Congreso. En redes #ForestaliaUCO supera los 1,9 millones de interacciones, con un 85 % exigiendo responsabilidades políticas.
Económicamente, el caso amenaza con paralizar 2.000 millones en inversiones renovables. Socialmente, indigna a un país que ve cómo la transición verde se tiñe de corrupción. Políticamente, hunde al Gobierno en su peor semana, con aprobación cayendo al 29 %. La UCO no solo registra oficinas: registra la credibilidad de un Ejecutivo que prometió limpieza y entrega opacidad.
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