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La oposición venezolana confirmó este sábado la muerte del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Javier Díaz Figueroa, conocido afectuosamente como "Alfredito". A sus 56 años, Díaz falleció el viernes 5 de diciembre de 2025 en las entrañas de El Helicoide, el infame centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, considerado por organismos internacionales como el mayor centro de torturas de América Latina. Retenido injustamente durante 13 meses, su partida no es solo una pérdida personal, sino un símbolo escalofriante de la represión sistemática que azota a Venezuela desde hace más de dos décadas.
Alfredo Díaz, militante de larga data del partido Acción Democrática (AD), encarnaba la resistencia democrática en la Isla de Margarita, bastión opositor por excelencia. Nacido en Porlamar, la capital de Nueva Esparta, Díaz escaló en la política local con una trayectoria marcada por el compromiso social y la defensa de los derechos humanos. Como alcalde de Porlamar entre 2008 y 2017, impulsó proyectos de infraestructura y turismo que revitalizaron la economía insular, golpeada por la crisis chavista. En 2017, pese al boicot electoral promovido por parte de la oposición ante la ilegitimidad del proceso, Díaz se presentó a la gobernación y triunfó con un mensaje de unidad y esperanza, asumiendo el cargo en medio de protestas masivas contra la anulación de la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo. Su gestión se enfocó en paliar el colapso de servicios básicos, como el agua potable y la electricidad, agravados por la hiperinflación y la corrupción rampante.
Sin embargo, su destino cambió drásticamente tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, denunció un fraude masivo que mantuvo a Maduro en el poder. Díaz, un firme respaldo de la candidatura opositora, fue detenido el 4 de noviembre de 2024 en el estado Portuguesa, mientras viajaba en autobús hacia la frontera con Colombia, supuestamente huyendo de la persecución política. Acusado de "incitación al odio", "terrorismo" y "conspiración contra la patria", cargos que la oposición y Amnistía Internacional califican de fabricados y motivados políticamente, Díaz fue sometido a una "desaparición forzada" durante cuatro días, según reportes de la ONG Foro Penal. Posteriormente, lo trasladaron a El Helicoide, donde languideció en aislamiento absoluto, sin visitas familiares ni acceso a atención médica, pese a sus crecientes problemas cardíacos.
El Helicoide, un antiguo centro comercial reconvertido en 2010 en sede del SEBIN, es un laberinto de celdas subterráneas donde la ONU ha documentado torturas sistemáticas: descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas —conocida como "tortura blanca" para evitar marcas—, golpizas con armas y abusos sexuales. La muerte de Díaz, atribuida a un infarto fulminante, no sorprendió a sus allegados. "Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron", denunció el líder exiliado Leopoldo López en X, describiéndolo como "ex alcalde, amigo, patriota y luchador". La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) lamentó: "Hoy fallece injustamente en prisión un líder inocente", mientras que Voluntad Popular exigió responsabilidades al régimen, recordando que Díaz partió sin despedirse de su madre, fallecida durante su detención.
La viuda de Díaz, Leynys Malavé, clamó en redes sociales por explicaciones formales y acceso al cuerpo, negados hasta el momento por las autoridades. Alfredo Romero, director de Foro Penal, confirmó el deceso y reiteró que el Estado es "responsable de la salud de la persona bajo su custodia". Esta tragedia se suma a un patrón siniestro: desde 2014, al menos 17 presos políticos han muerto en custodia, y desde julio de 2024, siete más, incluyendo a Edwin Santos, Jesús Martínez y Reinaldo Araujo. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de la ONU en Venezuela han calificado estos hechos como crímenes de lesa humanidad, urgiendo a la Corte Penal Internacional (CPI) a actuar.
La muerte de Alfredo Díaz trasciende lo individual; es un grito de auxilio para los más de 300 presos políticos aún retenidos, muchos en condiciones similares. En Nueva Esparta, su tierra natal, miles lloran a un hombre que soñó con una Venezuela libre, pero fue silenciado por la dictadura. Líderes como María Corina Machado y Edmundo González han prometido que su legado impulsará la lucha por la justicia transicional. Mientras el régimen guarda opaco silencio, el mundo observa: ¿cuántas vidas más se extinguirán en las sombras de El Helicoide antes de que la democracia renazca? La respuesta late en las calles venezolanas, donde la memoria de "Alfredito" se convierte en antorcha inextinguible.





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