El Gobierno amplía el acceso al Ingreso Mínimo Vital para jóvenes de hasta 29 años que viven con sus padres

El Gobierno ha decidido ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital para incluir a personas de entre 23 y 29 años que residen en el domicil...

El Gobierno ha decidido ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital para incluir a personas de entre 23 y 29 años que residen en el domicilio familiar, una modificación que supone un cambio relevante en los criterios de acceso a esta prestación. La medida busca adaptar el diseño del Ingreso Mínimo Vital a las nuevas realidades sociales y económicas de una generación que, pese a haber alcanzado la edad adulta, encuentra serias dificultades para emanciparse y alcanzar una estabilidad económica suficiente.

Hasta ahora, uno de los principales requisitos que limitaban el acceso de los jóvenes a esta ayuda era la necesidad de constituir una unidad de convivencia independiente. Esta condición dejaba fuera a miles de personas que, aun careciendo de ingresos suficientes o encontrándose en situaciones de precariedad laboral prolongada, seguían viviendo con sus padres por imposibilidad material de acceder a una vivienda propia o de asumir los gastos asociados a la emancipación. Con la ampliación anunciada, el Ejecutivo reconoce de forma explícita que la convivencia familiar no es sinónimo de solvencia económica ni de ausencia de vulnerabilidad.

La modificación permitirá que jóvenes mayores de 23 años y hasta los 29 puedan solicitar el Ingreso Mínimo Vital aunque compartan vivienda con sus progenitores, siempre que cumplan el resto de requisitos económicos establecidos. De este modo, se introduce una mayor flexibilidad en la definición de las unidades beneficiarias y se amplía el paraguas de protección social a un colectivo que ha quedado especialmente expuesto a la inestabilidad del mercado laboral, los contratos temporales, los salarios bajos y los periodos de desempleo recurrentes.

El Gobierno considera que esta franja de edad atraviesa una etapa crítica, marcada por la dificultad para construir un proyecto de vida autónomo. La extensión del Ingreso Mínimo Vital a estos jóvenes pretende ofrecer un colchón económico mínimo que les permita cubrir necesidades básicas y reducir la dependencia total del apoyo familiar. La medida también aspira a corregir desigualdades entre quienes pueden contar con familias con recursos suficientes y quienes, aun viviendo en casa de sus padres, forman parte de hogares con ingresos limitados o situaciones económicas frágiles.

La ampliación del acceso al Ingreso Mínimo Vital se interpreta como un ajuste del sistema de protección social a un contexto en el que la emancipación se retrasa cada vez más. El incremento del precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, unido al encarecimiento del coste de la vida, ha convertido la independencia económica en un objetivo cada vez más lejano para muchos jóvenes. En este escenario, la convivencia intergeneracional se ha normalizado, pero no siempre implica una mejora real de las condiciones de vida de quienes permanecen en el hogar familiar.

Con este cambio, el Ejecutivo pretende evitar que la normativa penalice a quienes no pueden emanciparse por razones ajenas a su voluntad. La ampliación también refuerza el carácter del Ingreso Mínimo Vital como una prestación flexible, capaz de adaptarse a distintos modelos de convivencia y a realidades sociales cambiantes. El objetivo declarado es garantizar un nivel mínimo de ingresos que actúe como red de seguridad frente a la pobreza y la exclusión, independientemente de la estructura del hogar.

Además, la medida puede tener un impacto significativo en la reducción de situaciones de pobreza juvenil invisibilizada. Muchos jóvenes que viven con sus padres no figuran en las estadísticas tradicionales de exclusión social, pero carecen de ingresos propios estables y dependen completamente de economías familiares ya tensionadas. Al permitir que accedan directamente al Ingreso Mínimo Vital, se reconoce su situación individual y se les otorga una mayor autonomía económica, aunque sigan residiendo en el domicilio familiar.

La ampliación del rango de edad y la flexibilización del requisito de convivencia suponen, en definitiva, un paso más en la evolución del Ingreso Mínimo Vital como herramienta central de la política social. El Gobierno refuerza así su apuesta por un sistema de ayudas que tenga en cuenta no solo los ingresos, sino también las dificultades estructurales que afectan especialmente a los jóvenes adultos, en un contexto marcado por la precariedad laboral y el retraso forzado de la emancipación.