El Gobierno retira las pulseras antimaltrato y apuesta por tobilleras tras una cadena de fallos que puso en riesgo a las víctimas

El Gobierno ha decidido sustituir de manera progresiva las pulseras antimaltrato por tobilleras electrónicas como principal sistema de contr...

El Gobierno ha decidido sustituir de manera progresiva las pulseras antimaltrato por tobilleras electrónicas como principal sistema de control para agresores con órdenes de alejamiento, después de que se confirmaran graves deficiencias técnicas y de seguridad en el modelo vigente. La medida supone un giro relevante en la política de protección de víctimas de violencia de género y llega tras meses de denuncias internas, advertencias de operadores judiciales y episodios que han puesto en entredicho la fiabilidad del sistema de seguimiento.

Durante este tiempo, las pulseras de control han sido señaladas por problemas reiterados en la geolocalización, pérdidas de señal, interrupciones prolongadas en la transmisión de datos y fallos en el almacenamiento de la información. En algunos procedimientos judiciales, estas deficiencias llegaron a impedir que se acreditara el incumplimiento de las órdenes de alejamiento, lo que derivó en absoluciones o en el archivo de causas contra maltratadores que, según los informes policiales, sí habrían vulnerado las medidas cautelares impuestas.

La situación generó una creciente inquietud entre jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, que comenzaron a trasladar al Ministerio de Justicia y al de Igualdad la necesidad urgente de revisar el sistema. En varios casos, las víctimas denunciaron haber recibido alertas tardías o directamente inexistentes cuando sus agresores se aproximaban a las zonas prohibidas, lo que incrementó la sensación de indefensión y debilitó la confianza en un mecanismo diseñado precisamente para ofrecer seguridad.

La decisión de optar por tobilleras electrónicas responde a la búsqueda de un dispositivo más estable, con mayor autonomía energética y mejor capacidad de transmisión continua de datos. A diferencia de las pulseras, que suelen colocarse en la muñeca y pueden ser manipuladas con relativa facilidad, las tobilleras ofrecen un mayor nivel de resistencia a la manipulación y cuentan con sistemas de detección más sofisticados ante intentos de retirada o sabotaje. Además, permiten una monitorización más precisa y constante, incluso en zonas con cobertura irregular.

El cambio de dispositivo no es únicamente técnico, sino también simbólico. Durante años, las pulseras antimaltrato se habían convertido en uno de los emblemas de la política de protección frente a la violencia machista. Su retirada refleja el reconocimiento implícito de que el sistema no ha funcionado como se esperaba y que, en determinados casos, ha fallado en su función principal: garantizar que el agresor no se acerque a la víctima.

Desde el ámbito judicial se había advertido de un problema adicional: la fragilidad probatoria. Cuando el sistema de geolocalización presenta lagunas, registros incompletos o errores de sincronización, la defensa puede cuestionar la fiabilidad de los datos, lo que dificulta sostener una acusación sólida. En más de un proceso, los tribunales se vieron obligados a absolver por falta de pruebas técnicas concluyentes, a pesar de existir testimonios y otros indicios. Esta situación no solo frustró a las víctimas, sino que generó un precedente preocupante sobre la eficacia real de las medidas de control.

La implantación de las tobilleras se realizará de forma escalonada, priorizando los casos de mayor riesgo y las órdenes de alejamiento activas con informes desfavorables sobre la fiabilidad del sistema anterior. El Ejecutivo ha anunciado una inversión específica para renovar la infraestructura tecnológica, reforzar los centros de control y formar a los operadores encargados de la supervisión. El objetivo es evitar que los problemas detectados vuelvan a reproducirse con el nuevo modelo.

Sin embargo, la transición no está exenta de debate. Algunos expertos alertan de que ningún dispositivo, por sofisticado que sea, puede sustituir a una vigilancia integral y a una respuesta rápida por parte de las fuerzas de seguridad. La tecnología, recuerdan, es solo una herramienta y su eficacia depende de la correcta gestión de los datos, de la rapidez en la activación de las alertas y de la coordinación entre juzgados, policías y servicios de atención a víctimas.

También se ha abierto un debate sobre la responsabilidad institucional en los fallos anteriores. Las denuncias sobre problemas de geolocalización y pérdidas de datos no son recientes y habían sido trasladadas en varias ocasiones a las autoridades competentes. La decisión de actuar ahora, tras varios casos mediáticos y resoluciones judiciales controvertidas, ha generado críticas por la tardanza y por no haber intervenido antes para evitar situaciones de riesgo.

Para las asociaciones de víctimas, el cambio supone una oportunidad para recuperar la confianza en el sistema, aunque reclaman que vaya acompañado de una revisión profunda de los protocolos de actuación. Insisten en que no basta con cambiar el dispositivo si no se garantizan tiempos de respuesta mínimos, seguimiento constante y una evaluación continua del riesgo real en cada caso. La seguridad, subrayan, no puede depender únicamente de un aparato electrónico.

El Gobierno defiende que la medida refuerza la protección y corrige errores detectados, asegurando que la nueva tecnología permitirá una supervisión más fiable y una mayor capacidad de reacción ante cualquier incumplimiento. Al mismo tiempo, se compromete a auditar de manera periódica el funcionamiento del sistema y a introducir mejoras continuas.

La sustitución de las pulseras por tobilleras marca un punto de inflexión en la estrategia de control de agresores. Un cambio obligado por la experiencia acumulada y por una cadena de fallos que puso en evidencia las limitaciones del modelo anterior. Ahora, el reto será demostrar que la nueva etapa ofrece realmente lo que durante tanto tiempo se prometió: una protección eficaz, constante y creíble para quienes viven bajo la amenaza de la violencia.