España arrastra un déficit histórico de inversión en infraestructuras que ya supera los 60.000 millones de euros

España afronta un grave problema estructural en materia de infraestructuras que se traduce en un déficit de inversión acumulado superior a ...

España afronta un grave problema estructural en materia de infraestructuras que se traduce en un déficit de inversión acumulado superior a los 60.000 millones de euros, una cifra que pone de manifiesto el progresivo deterioro de una red esencial para la competitividad económica y la cohesión territorial. Uno de los síntomas más visibles de esta situación es el estado de las carreteras, donde más de la mitad de la red presenta daños de consideración. Según la Asociación Española de la Carretera, el 52% de las vías muestra deterioros graves que afectan tanto a la seguridad vial como a la comodidad de los usuarios y a los costes de mantenimiento de los vehículos.

Este panorama es consecuencia directa de años de inversión insuficiente en conservación y modernización de infraestructuras. Aunque España realizó un gran esfuerzo inversor durante las décadas anteriores, especialmente con la expansión de la alta velocidad ferroviaria y la construcción de grandes autovías, la crisis económica y las posteriores restricciones presupuestarias redujeron de forma drástica los recursos destinados a mantener ese patrimonio. Desde entonces, la inversión no ha recuperado los niveles necesarios para compensar el desgaste natural de las infraestructuras ni para adaptarlas a las nuevas exigencias de movilidad, sostenibilidad y digitalización.

El dato de los más de 60.000 millones de euros procede de la actualización de un amplio informe elaborado en 2023 por el Instituto de Estudios Económicos, el centro de análisis vinculado a la CEOE. En aquel momento, el ‘think tank’ cifró en 57.409 millones de euros la brecha de inversión acumulada durante los nueve años anteriores. Tres años después, lejos de reducirse, ese desfase ha continuado creciendo, superando ya la barrera simbólica de los 60.000 millones. La evolución confirma una tendencia preocupante: España no solo no está cerrando la brecha con sus necesidades reales, sino que la distancia se amplía con el paso del tiempo.

El impacto de este déficit se extiende más allá del estado visible de carreteras y puentes. También afecta a infraestructuras ferroviarias convencionales, redes hidráulicas, puertos, aeropuertos y sistemas urbanos de transporte. En muchos casos, las carencias no se traducen en fallos inmediatos, pero sí en una pérdida progresiva de eficiencia, mayores costes de explotación y una menor capacidad para absorber el crecimiento del tráfico o responder a episodios climáticos extremos. Además, la falta de inversión limita la implantación de tecnologías inteligentes que permitirían mejorar la gestión y reducir el impacto ambiental.

Los expertos advierten de que posponer las inversiones no solo encarece las reparaciones futuras, sino que genera un efecto arrastre sobre la economía. Unas infraestructuras deterioradas reducen la competitividad de las empresas, dificultan la logística y restan atractivo a la inversión extranjera. También tienen consecuencias directas sobre la seguridad vial, ya que firmes en mal estado incrementan el riesgo de accidentes y el desgaste de neumáticos y suspensiones, elevando el coste para los conductores.

Desde el sector reclaman un cambio de enfoque que priorice la conservación frente a la expansión y que establezca una planificación estable a largo plazo. Proponen aumentar de forma sostenida los presupuestos destinados a mantenimiento, aprovechar mejor los fondos europeos y fomentar fórmulas de colaboración público-privada que permitan acelerar la modernización sin disparar el déficit público. Mientras tanto, el diagnóstico es claro: sin un esfuerzo inversor continuado, el déficit seguirá creciendo y el deterioro de las infraestructuras acabará convirtiéndose en un freno estructural para el desarrollo económico y social del país.