Informe clave en el caso Plus Ultra apunta a que el Gobierno aprobó la ayuda pese a que la aerolínea no cumplía requisitos

La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra , la aerolínea que recibió 53 millones de euros de dinero público durante la pande...

La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros de dinero público durante la pandemia, ha dado un giro significativo tras la aparición de un informe que apunta a irregularidades graves en la concesión de las ayudas. Según este documento, remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el Gobierno habría aprobado el rescate pese a que la compañía no reunía los requisitos legales exigidos para beneficiarse de estas transferencias estatales, lo que ha vuelto a poner en el centro del debate la gestión de las ayudas públicas en situaciones de emergencia económica. 

El informe, presentado ante la jueza que instruye la causa, sostiene que Plus Ultra no podía acceder a fondos públicos porque su situación económica era deficitaria mucho antes de la crisis sanitaria. Las normas europeas que regulan las ayudas estatales prohíben expresamente conceder rescates a empresas que ya se encontraban en crisis antes del estallido de la COVID-19, una condición que se cumple claramente en este caso, según los expertos que han evaluado la documentación. 

Los datos recogidos en ese análisis señalan que la aerolínea cerró reiteradamente sus estados financieros con pérdidas y mostraba un desequilibrio patrimonial persistente, lo que la convertía en una compañía estructuralmente incapaz de atender sus compromisos financieros. A ese diagnóstico se sumó el rechazo del mercado financiero a otorgarle crédito, incluso a través de líneas avaladas por instituciones públicas, elevando así las dudas sobre su viabilidad. 

Además, el informe cuestiona que Plus Ultra no contaba con la consideración de “empresa estratégica”, una condición que en teoría debía justificar su acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según los críticos del rescate, su limitado número de rutas, la falta de aviones en propiedad y su escasa presencia en el mercado no justificaban tal calificación, lo que pone en cuestión el análisis previo a la concesión de los fondos. 

Paralelamente a este informe, elementos de la investigación policial han comenzado a arrojar luz sobre encuentros poco transparentes relacionados con la operación financiera, organizados en la vivienda madrileña que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero poseía en Aravaca. Fuentes consultadas por El Debate sostienen que al menos cinco reuniones tuvieron lugar entre septiembre y diciembre de 2023 en esa casa, en las que se abordaron cuestiones vinculadas con las transferencias y la operativa financiera de Plus Ultra. 

Según estas mismas fuentes, esos encuentros no fueron casuales, sino parte de una serie de contactos sistemáticos seguidos por investigadores. El patrón consistía en que representantes empresariales implicados en la aerolínea —incluido el empresario ahora detenido Julio Martínez Martínez— se reunían con intermediarios y luego trasladaban la información a Zapatero en su domicilio, lo que generó una cadena de decisiones cerrada al escrutinio público. 

Estas informaciones han añadido una nueva dimensión al caso judicial, que ya estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, no solo por malversación de fondos públicos, sino también por posibles delitos de blanqueo y operaciones financieras no justificadas. La causa examina ahora si los fondos recibidos por la aerolínea se usaron conforme a la normativa aplicable y si fueron desviados hacia otros fines ajenos a la viabilidad de la propia compañía. 

El rescate de Plus Ultra ha sido objeto de críticas políticas continuas desde su aprobación, con voces que lo han calificado de poco transparente y de situarse al margen de los criterios técnicos que supuestamente rigen este tipo de ayudas. La aparición de este informe y la existencia de reuniones en un ámbito privado, como una vivienda particular, amplían el foco de la investigación hacia posibles influencias extrainstitucionales y decisiones tomadas sin la debida supervisión. 

En el contexto político, el caso genera presión sobre el Gobierno y revive debates sobre la gestión de ayudas públicas y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que operaciones con fondos estatales se realicen al margen de los criterios legales establecidos. La investigación, aún en fases iniciales y bajo secreto de sumario, seguirá aportando datos en las próximas semanas que podrían tener repercusiones tanto judiciales como políticas en España.