La Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias previas por una querella presentada contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodrí...
La Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias previas por una querella presentada contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en una causa que ha cobrado relevancia tras su reciente implicación en los acontecimientos políticos relacionados con Venezuela. El magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha firmado un auto en el que considera “procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales” para determinar si las acusaciones presentadas por la asociación Hazte Oír pueden tener recorrido judicial en España.
La querella fue interpuesta por Hazte Oír, una organización de carácter conservador, que atribuye a Zapatero una presunta colaboración con el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro, recientemente capturado y que enfrenta cargos en Estados Unidos. En el escrito, la asociación apunta a posibles delitos como tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, basándose en la presunta participación del expresidente español en actividades que, según los querellantes, habrían favorecido a estructuras del gobierno chavista.
El auto del juez Piña, al que ha tenido acceso la prensa, indica que aunque no están determinadas la naturaleza ni las circunstancias de los hechos denunciados, existen indicios que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Por ello, se considera necesario iniciar un trámite de investigación preliminar que permita aclarar si los hechos denunciados merecen abrir una causa formal o deben descartarse por falta de fundamento.
Un elemento clave de la resolución es la consulta al Ministerio Fiscal. El juez ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe sobre si la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos, lo que constituye un paso habitual en casos de especial complejidad o de repercusión internacional potencial. La querella sostiene que estos delitos, de ser ciertos, habrían tenido lugar en el extranjero — en concreto en relación con actividades vinculadas a Venezuela — pero afectando a intereses legítimos del orden jurídico español, lo que justificaría la intervención de tribunales nacionales.
Hazte Oír ha solicitado igualmente medidas cautelares contra Zapatero, entre ellas la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Además, la asociación ha pedido que se investigue y tomen declaraciones como testigos a personalidades políticas y empresariales relacionadas con el entorno del expresidente, como el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en relación con los vínculos denunciados con altos cargos venezolanos.
La querella argumenta que Zapatero no actuó simplemente como mediador diplomático, sino que su relación con el régimen chavista habría sido “continuada, directa y privilegiada”, y que incluso habría contribuido a fortalecer internacionalmente la posición del gobierno venezolano en momentos clave, incluido el apoyo durante procesos electorales y negociaciones con actores extranjeros. Estos señalamientos, de confirmarse al menos parcialmente, podrían tener implicaciones de gran calado en la política española y en las relaciones bilaterales con países latinoamericanos.
El caso se suma a una serie de investigaciones y querellas que han resurgido en el ámbito judicial español en un contexto marcado por cambios en la situación política venezolana y el intenso escrutinio mediático sobre figuras públicas que han mantenido relaciones estrechas con Maduro y su entorno. Si bien la apertura de diligencias previas no implica una imputación automática, sí constituye un paso formal en el que el sistema judicial evalúa si existen suficientes indicios para avanzar hacia una instrucción más profunda de los hechos denunciados.
Por el momento, la Audiencia Nacional permanece a la espera del informe de la Fiscalía, y solo una vez recibido se decidirá si procede o no iniciar una investigación formal. El desarrollo de esta causa será seguido de cerca tanto por los medios de comunicación como por la opinión pública, dada la relevancia de los nombres implicados y el posible impacto internacional de las acusaciones.





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