Los accidentes ferroviarios en España han experimentado un fuerte incremento desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, ...
Los accidentes ferroviarios en España han experimentado un fuerte incremento desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, con un aumento del 142% en el número total de siniestros y del 214% en los descarrilamientos, según los datos publicados por el periodista Marcos Ondarra en el medio TO. Las cifras han reabierto el debate sobre el estado real de la red ferroviaria, la política de inversiones en infraestructuras y la eficacia de los sistemas de control y mantenimiento que dependen tanto de Renfe como de Adif y del Ministerio de Transportes.
De acuerdo con el análisis difundido, el repunte de los incidentes no se limita a episodios aislados, sino que refleja una tendencia sostenida a lo largo de los últimos años. En comparación con el periodo anterior a 2018, los registros muestran un crecimiento significativo de los accidentes, incluyendo colisiones, salidas de vía, averías graves y situaciones de riesgo que han obligado a interrumpir servicios y evacuar pasajeros. Especialmente preocupante resulta el dato relativo a los descarrilamientos, cuya multiplicación supera el 200%, un indicador que apunta directamente a posibles deficiencias en la infraestructura, el material rodante o los protocolos de supervisión.
El informe subraya que este aumento coincide con una etapa marcada por múltiples incidencias en servicios clave como Cercanías, Rodalies y varias líneas de media y larga distancia. Retrasos recurrentes, cancelaciones de última hora y fallos técnicos han pasado a formar parte de la experiencia habitual de muchos usuarios, alimentando una sensación de deterioro progresivo del sistema ferroviario. A ello se suman los recientes accidentes que han tenido un fuerte impacto mediático y que han puesto bajo escrutinio tanto la seguridad de las vías como la capacidad de respuesta de las autoridades.
Ondarra destaca que, aunque parte de estos problemas pueden atribuirse al envejecimiento de la red y a una demanda creciente, el ritmo de incremento resulta difícil de explicar sin una revisión profunda de la política de mantenimiento. Durante los últimos años, el Gobierno ha anunciado planes de inversión multimillonarios para modernizar infraestructuras y renovar trenes, pero los resultados prácticos, según el periodista, no parecen haberse traducido en una reducción de los riesgos ni en una mejora clara de la fiabilidad.
El Ministerio de Transportes ha defendido en diversas ocasiones que el número absoluto de circulaciones también ha aumentado, lo que podría influir en las estadísticas, y que España sigue siendo uno de los países con mayores estándares de seguridad ferroviaria en Europa. Sin embargo, los críticos sostienen que el incremento porcentual de los accidentes es demasiado elevado como para explicarlo solo por el aumento del tráfico, y reclaman auditorías independientes que evalúen el estado real de las vías, los sistemas de señalización y los procesos de inspección.
Las cifras publicadas han provocado reacciones políticas y sindicales. Desde la oposición se acusa al Ejecutivo de haber priorizado proyectos de alta visibilidad sobre el mantenimiento cotidiano de líneas convencionales y cercanías, que son las que soportan la mayor parte del tráfico diario. Los sindicatos del sector, por su parte, advierten desde hace tiempo de la falta de personal especializado y del retraso en la renovación de equipos, factores que, a su juicio, elevan el riesgo operativo.
Más allá del debate partidista, el aumento de los accidentes reabre una cuestión central: la confianza de los ciudadanos en el ferrocarril como medio de transporte seguro y fiable. Para muchos usuarios, la sucesión de incidentes erosiona una reputación construida durante décadas y plantea dudas sobre la capacidad del sistema para afrontar un futuro con mayor demanda y mayores exigencias tecnológicas.
El informe de TO concluye que la evolución de los datos debería servir como llamada de atención urgente para revisar prioridades, reforzar controles y garantizar que la expansión ferroviaria vaya acompañada de una política sólida de mantenimiento y seguridad. Porque, más allá de los porcentajes, cada accidente supone un riesgo real para pasajeros y trabajadores, y un coste social que difícilmente puede asumirse como una simple estadística.





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