Suecia rebaja la edad de responsabilidad penal a 13 años ante el aumento de menores implicados en crímenes graves

El Gobierno de Suecia ha anunciado una reforma legal que reducirá la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para delitos muy graves c...

El Gobierno de Suecia ha anunciado una reforma legal que reducirá la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para delitos muy graves como asesinato, intento de asesinato, violación o atentados con explosivos, una medida impulsada en respuesta al alarmante incremento de implicación de menores en crímenes violentos y al uso que hacen las bandas criminales de adolescentes para perpetrar actos delictivos que hasta ahora quedaban fuera del alcance del sistema penal tradicional. La reforma ha sido presentada por el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, quien ha defendido que el país se encuentra en una “situación de emergencia” debido al papel cada vez mayor que juegan los niños en redes criminales, y que es necesaria una respuesta contundente para disuadir ese reclutamiento y proteger a la sociedad en general. 

Actualmente, la edad de responsabilidad penal en Suecia es de 15 años, lo que significa que quienes cometen delitos antes de esa edad no pueden ser procesados penalmente; en su lugar, son entregados a los servicios sociales para medidas de apoyo o tutela. Con la nueva legislación, los jóvenes de 13 y 14 años podrán ser juzgados y, en ciertos casos excepcionales, condenados a penas de prisión, aunque adaptadas a su edad. Por ejemplo, se plantean sentencias reducidas que podrían equivaler a una fracción de lo que recibiría un adulto por el mismo delito: un adolescente de 13 años podría enfrentar penas de entre uno y dos años en un entorno especializado, mientras que los de 14 podrían recibir de tres a cuatro años, siempre valorando su madurez y circunstancias personales y con la posibilidad de que los tribunales apliquen medidas alternativas al encarcelamiento. 

La medida, que se espera entre en vigor el 3 de julio de 2026 y se mantenga durante cinco años antes de una revisión de su eficacia, se enmarca en un contexto de tensiones crecientes relacionadas con las guerras entre bandas criminales en el país nórdico. Las autoridades han constatado que estos grupos utilizan cada vez más a menores para ejecutar actos violentos, aprovechando la protección que les otorga la legislación actual. Datos oficiales señalan que el número de menores implicados en investigaciones por delitos graves ha aumentado significativamente en los últimos años, algo que ha alarmado a políticos y fuerzas de seguridad por igual y ha sido esgrimido como argumento principal para reformar la normativa penal. 

No obstante, la propuesta ha generado fuerte controversia y críticas internas. Organizaciones de derechos infantiles y expertos en justicia juvenil han advertido que bajar la edad penal puede tener consecuencias negativas, argumentando que los niños de 13 o 14 años aún no han desarrollado plenamente su capacidad de juicio ni comprensión de las consecuencias de sus actos, y que el encarcelamiento podría ser perjudicial para su desarrollo a largo plazo. Instituciones como UNICEF en Suecia han señalado que no existe evidencia científica clara de que endurecer las penas para los menores reduzca la criminalidad juvenil y han pedido enfoques centrados más en la rehabilitación que en el castigo. 

Además, ciertas voces políticas dentro del país, incluidos partidos minoritarios y expertos legales, consideran que esta reforma podría vulnerar principios fundamentales del derecho penal juvenil y han planteado alternativas enfocadas en prevención y programas integrales de reinserción. A pesar de estas objeciones, el gobierno busca avanzar con la reforma en el Parlamento, respaldado por una coalición que considera que medidas extraordinarias son necesarias para enfrentar la violencia endémica vinculada al crimen organizado y proteger a posibles víctimas. 

Este cambio legislativo situará a Suecia entre los países con edades de responsabilidad penal más bajas de Europa para delitos graves, generando un debate profundo sobre cómo equilibrar la protección de la sociedad con los derechos y el bienestar de los menores implicados en actos delictivos.