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Venezuela ha elevado una solicitud formal para convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, en un intento desesperado por responder a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos durante la madrugada anterior. La petición, presentada por el representante permanente del país ante Naciones Unidas, se centra en condenar lo que el régimen califica como una "agresión flagrante" contra su soberanía territorial, exigiendo una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenar lo que describen como una escalada unilateral que amenaza la estabilidad regional.
La ofensiva estadounidense, que ha golpeado instalaciones clave en el litoral venezolano, ha sido justificada por Washington como una acción contra redes de narcotráfico vinculadas al gobierno, pero Caracas lo interpreta como un acto de guerra abierta. El presidente Nicolás Maduro ha aparecido en cadena nacional para denunciar el ataque como "piratería imperialista" y ha movilizado a las Fuerzas Armadas Bolivarianas a un estado de alerta máxima, ordenando el despliegue de tropas en las costas y el cierre temporal de puertos comerciales. "No nos doblegaremos ante el bully del norte; defenderemos cada centímetro de nuestro territorio con la dignidad que nos caracteriza", ha proclamado Maduro, rodeado de altos mandos militares en un búnker fortificado.
La reunión de emergencia solicitada busca no solo una condena formal contra Estados Unidos, sino también medidas cautelares para prevenir nuevos ataques, como el establecimiento de una zona de exclusión aérea o el envío de observadores internacionales. El régimen ha argumentado que esta acción viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, apelando a aliados tradicionales como Rusia, China e Irán para que apoyen su moción en el Consejo. En Moscú y Pekín, las reacciones han sido inmediatas: ambos países han expresado su solidaridad y han prometido vetar cualquier resolución que justifique la intervención estadounidense, calificándola de "hegemonía desestabilizadora".
Esta solicitud llega en un contexto de aislamiento creciente para el régimen venezolano, que durante años ha sido acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, represión a la oposición y colusión con el narcotráfico. Paradójicamente, Caracas acude ahora al mismo organismo internacional que ha ignorado repetidamente en el pasado, cuando se le instaba a respetar resoluciones sobre elecciones libres, liberación de presos políticos o acceso humanitario. La petición representa un intento de ganar tiempo y legitimidad internacional, mientras el país enfrenta una crisis económica agravada por sanciones y un éxodo masivo de su población.
En Washington, la respuesta ha sido contundente: el portavoz del Departamento de Estado ha defendido la operación como "necesaria para combatir el terrorismo narco" y ha rechazado cualquier intervención de la ONU, argumentando que se trata de una acción soberana contra amenazas transnacionales. Donald Trump, en un tuit matutino, ha calificado la solicitud venezolana de "llanto de perdedores" y ha reiterado que "Maduro sabe lo que debe hacer para evitar más acciones".
La comunidad internacional observa con preocupación: la Unión Europea ha llamado a la "contención" y ha ofrecido mediación, mientras Latinoamérica se divide entre aliados del régimen como Cuba y Nicaragua, y críticos como Colombia y Brasil, que han respaldado discretamente la postura estadounidense. En Venezuela, las calles han visto manifestaciones tanto de apoyo al gobierno como de celebración por el golpe externo, reflejando la polarización profunda del país.
Esta reunión de emergencia no solo podría condenar el ataque: podría redefinir el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Maduro busca salvavidas en la ONU, pero el tiempo juega en su contra en un 2026 que arranca con el Caribe en llamas y una crisis que amenaza con expandirse más allá de las fronteras venezolanas.





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