VOX llevará al Supremo la regularización masiva y acusa al Gobierno de alterar el censo y desbordar el país

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán , ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularizac...

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno, una iniciativa que ha definido como una operación de “sustitución del censo” con consecuencias profundas para el equilibrio institucional, social y político del país. La dirigente ha cargado con dureza contra el Ejecutivo, al que acusa de instrumentalizar la política migratoria para compensar su pérdida de apoyo electoral y consolidar una nueva base de votantes en detrimento de los ciudadanos españoles.

Según Millán, la regularización extraordinaria no es una medida humanitaria ni una respuesta técnica a un problema administrativo, sino una decisión de alto contenido político que, en su opinión, altera de manera artificial la composición del censo y condiciona futuros procesos electorales. La portavoz ha advertido de que se trata de una maniobra “sin precedentes” que vulnera principios básicos del Estado de derecho y que, por su magnitud, debería haber pasado por un debate parlamentario amplio y transparente.

El anuncio del recurso marca un nuevo capítulo de confrontación institucional entre el Gobierno y la formación de Santiago Abascal. VOX considera que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros incurre en desviación de poder, abuso de procedimiento y falta de motivación suficiente, al recurrir a la vía de urgencia para una medida que afecta a cientos de miles de personas y redefine el padrón social del país. El partido sostiene que no concurren las circunstancias excepcionales que justificarían una tramitación acelerada y que el Ejecutivo ha eludido deliberadamente el control del Congreso.

Millán ha centrado buena parte de su intervención en el impacto sobre los servicios públicos. Ha alertado de un colapso inminente de la sanidad, la educación, la vivienda y los sistemas de protección social, al incorporar de forma masiva a nuevos beneficiarios sin una planificación presupuestaria adecuada. A su juicio, la regularización no viene acompañada de un refuerzo proporcional de recursos, infraestructuras ni personal, lo que trasladará la presión directamente a las familias y a los trabajadores que ya soportan listas de espera, aulas saturadas y dificultades de acceso a la vivienda.

La portavoz ha denunciado que la decisión “agrava la desigualdad” entre quienes cumplen la ley y quienes han permanecido durante años en situación irregular. En su discurso, ha subrayado que miles de inmigrantes han seguido los cauces legales, han esperado durante largos periodos para obtener permisos y han cumplido todos los requisitos exigidos, mientras que ahora se premia, según su interpretación, a quienes entraron o permanecieron al margen de la normativa. Este agravio comparativo, sostiene, mina la confianza en las instituciones y envía un mensaje de impunidad que debilita el sistema migratorio.

Uno de los ejes más polémicos de la denuncia de VOX es el concepto de “sustitución del censo”. Millán ha asegurado que el Ejecutivo busca modificar el mapa demográfico con fines electorales, incorporando de forma acelerada a cientos de miles de nuevos residentes que, con el tiempo, podrían acceder al derecho de voto. En este punto, ha acusado al Gobierno de utilizar la inmigración como herramienta política para consolidar mayorías futuras, alterando el equilibrio natural de la representación democrática.

El recurso ante el Supremo se apoyará, según ha adelantado la formación, en varios frentes jurídicos. Entre ellos, la vulneración del principio de igualdad ante la ley, la falta de justificación de la urgencia, la posible invasión de competencias y la ausencia de informes técnicos suficientes que avalen la viabilidad económica y administrativa de la medida. VOX también cuestiona que se haya optado por un decreto en lugar de una ley orgánica, dada la trascendencia estructural de la regularización.

Más allá del ámbito judicial, el anuncio ha intensificado el clima político en torno a la inmigración. El tema se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre Gobierno y oposición, con discursos cada vez más duros y posiciones irreconciliables. Mientras el Ejecutivo defiende la regularización como una solución pragmática a una realidad laboral y social consolidada, VOX la presenta como una amenaza directa a la cohesión nacional y a la sostenibilidad del Estado del bienestar.

Millán ha ido más allá al hablar de “ataque a la identidad nacional”, un concepto que vincula a la pérdida de referentes culturales, a la fragmentación social y al debilitamiento de la comunidad política. En su intervención, ha advertido de riesgos de guetización, conflictos de convivencia y deterioro de la seguridad, si no se establecen límites claros y controles estrictos. Ha reclamado una política migratoria “ordenada, legal y responsable”, centrada en la integración real y en la defensa de las fronteras.

El recurso ante el Supremo no suspenderá automáticamente la aplicación del decreto, pero abre un frente judicial que puede prolongarse durante meses y condicionar el desarrollo de la regularización. Mientras tanto, miles de personas esperan conocer los requisitos y plazos definitivos para acceder a los permisos, en un clima de incertidumbre jurídica y fuerte confrontación política.

La iniciativa de VOX sitúa la regularización masiva en el centro del debate institucional y anticipa un largo pulso entre Gobierno, tribunales y oposición. Un conflicto que trasciende lo administrativo y que, según todos los indicios, marcará una parte sustancial de la agenda política y social en los próximos años.