El Partido Popular (PP) de Aragón ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central acusando al PSOE de llevar a cabo una campañ...
El Partido Popular (PP) de Aragón ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central acusando al PSOE de llevar a cabo una campaña de presión telefónica dirigida a personas mayores en la comunidad autónoma con el objetivo de condicionar su voto en apoyo de la candidata socialista, Pilar Alegría, en las elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026. La denuncia se centra en llamadas realizadas desde el número 876 089 557, que, según el PP, emplean mensajes pregrabados y automatizados para transmitir contenido político antes del cierre legal de campaña.
Según han detallado los dirigentes populares, estas llamadas se han dirigido principalmente a personas mayores, un colectivo considerado especialmente vulnerable, y habrían sido diseñadas para generar inquietud sobre el futuro de las pensiones si el Partido Popular llegase a gobernar en Aragón. En concreto, los mensajes automáticos, supuestamente con la voz del expresidente socialista Marcelino Iglesias, alertaban a los pensionistas de que su pensión podría reducirse en 400 euros bajo una hipotética gestión del presidente y candidato del PP, Jorge Azcón, algo que el PP califica de "falsedad" y “juego sucio”.
Los populares sostienen que este tipo de prácticas traspasa los límites de una campaña política limpia y entra en la categoría de manipulación dirigida, por lo que han optado por formalizar la queja ante la Junta Electoral para que investigue si se ha vulnerado la normativa que regula la propaganda política durante los días previos a la jornada electoral. A juicio del PP, no solo se estaría intentando influir en la intención de voto de los mayores con información sesgada, sino que se estaría haciendo uso de técnicas automatizadas (bots) que dificultan la trazabilidad y transparencia de la comunicación.
Desde el PP también han denunciado otras prácticas que consideran parte de un mismo patrón de “juego sucio”, como intentos de captar a influencers locales con compensaciones económicas para que difundan contenido en contra de su candidato. Aunque esta segunda cuestión no se ha incluido formalmente en la denuncia ante la Junta Electoral, ha sido mencionada por líderes populares como un ejemplo de lo que consideran una estrategia de desprestigio hacia su formación política.
Por su parte, fuentes del PSOE han negado cualquier conducta ilegal, sosteniendo que no han realizado llamadas masivas a móviles con mensajes falsos ni han participado en prácticas destinadas a engañar a los votantes, e instan al PP a aportar pruebas concretas que respalden sus acusaciones. Según los socialistas, las comunicaciones que puedan haber existido se ajustarían a lo permitido en campaña y no contienen falsedades intencionadas.
El contexto de estas denuncias se da en un clima de tensa confrontación electoral en Aragón, donde las políticas de pensiones han sido un tema central de debate. En los días previos, la candidata del PSOE ha criticado al PP por votar en contra de ciertas medidas de revalorización de pensiones en el Congreso de los Diputados, argumentando que tal posición costaría a muchos pensionistas aragoneses importantes sumas anuales.
La presentación de esta denuncia ante la Junta Electoral marca un capítulo más en la escalada de acusaciones cruzadas entre los principales partidos en plena recta final de la campaña autonómica, con acusaciones mutuas de desinformación y prácticas no éticas de persuasión política. La resolución de la Junta Electoral y las posibles repercusiones legales y electorales de estas acusaciones se esperan en los próximos días, en plena cuenta atrás para los comicios del 8 de febrero.





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