El número de inmigrantes que podrían regularizarse en España duplica las previstas iniciales del Gobierno y podría alcanzar los 1,35 millones

  Un informe policial interno estima que el número de inmigrantes que podrían acogerse al proceso de regularización extraordinaria en España...

 

Un informe policial interno estima que el número de inmigrantes que podrían acogerse al proceso de regularización extraordinaria en España duplicará —e incluso triplicará— las previsiones iniciales del Gobierno, situando la cifra final entre 1 y 1,35 millones de personas. El documento, elaborado por unidades especializadas en extranjería y fronteras, advierte de que el volumen real de beneficiarios superará con creces los 500.000–700.000 inicialmente calculados por el Ejecutivo, lo que podría convertir esta medida en la mayor regularización de la historia democrática del país.

La discrepancia se explica por varios factores. En primer lugar, el informe señala que el proceso podría atraer a un número significativo de personas que actualmente residen en otros países de la Unión Europea o fuera de ella, pero que estarían dispuestas a acreditar de forma fraudulenta una estancia continuada en España durante los últimos años. Estas personas podrían presentar contratos de alquiler falsos, empadronamientos irregulares, testigos comprados o nóminas simuladas para simular arraigo social, laboral o familiar, requisitos que la norma exige para acceder al permiso de residencia por circunstancias excepcionales.

El documento policial alerta específicamente sobre el riesgo de fraude masivo en la acreditación de la permanencia en territorio español. Según las estimaciones, hasta un 30–40 % de las solicitudes podrían basarse en documentación manipulada o inexistente, lo que obligaría a las oficinas de extranjería y a la Policía Nacional a realizar un cribado exhaustivo que podría colapsar los plazos administrativos previstos. Además, se prevé que muchas solicitudes provengan de personas que entraron irregularmente hace años y han vivido en situación de semiesclavitud laboral, sin cotizaciones ni derechos, pero que ahora verían en la regularización una oportunidad única para regularizar su situación sin tener que abandonar el país.

El rango de 1 a 1,35 millones incluye tanto a inmigrantes ya presentes en España como a aquellos que podrían intentar incorporarse en los próximos meses aprovechando la ventana abierta por el proceso. El informe subraya que la medida, aunque pretende dar respuesta a una realidad social de cientos de miles de personas sin papeles, podría generar un “efecto llamada” difícil de controlar, especialmente si se percibe como una amnistía encubierta sin requisitos estrictos de verificación.

Las consecuencias administrativas y económicas serían enormes. La tramitación de más de un millón de expedientes requeriría multiplicar por tres o cuatro el personal de las oficinas de extranjería, contratar intérpretes, reforzar la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y mejorar los sistemas informáticos para evitar colapsos digitales. El coste directo para el Estado podría superar los 400 millones de euros solo en gestión y personal, sin contar las prestaciones sociales que accederían los nuevos regularizados una vez obtenida la residencia.

El Gobierno mantiene que el proceso será “riguroso y selectivo”, con controles exhaustivos para evitar fraudes, pero el informe policial pone en duda la capacidad real del sistema para filtrar un volumen tan elevado sin que se cuele documentación falsa. Asociaciones de inmigrantes y ONG han celebrado la posibilidad de regularizar a cientos de miles de personas en situación vulnerable, pero también han advertido que una aplicación laxa podría generar un mercado negro de falsificaciones y corrupción en las ventanillas.

El Ejecutivo se enfrenta ahora a un dilema: si endurece los requisitos y los controles, el número de beneficiarios se reducirá drásticamente y muchas personas quedarán fuera; si los relaja para agilizar el proceso, el riesgo de fraude masivo se dispara y la medida podría perder legitimidad. El plazo de presentación de solicitudes, que se abrirá previsiblemente en primavera de 2026, será clave para medir el verdadero alcance de la regularización.

España se prepara para uno de los mayores procesos de regularización de su historia reciente. Entre 1 y 1,35 millones de personas podrían obtener un permiso de residencia que cambiaría su vida y la demografía del país. Pero el informe policial advierte: sin filtros estrictos y sin capacidad administrativa reforzada, la medida podría convertirse en un coladero de irregularidades que desborde al Estado y genere nuevas tensiones sociales. El desafío es monumental: dar respuesta a una realidad humana sin perder el control de las fronteras ni la credibilidad del sistema.