La investigación policial abierta en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra ha dado un giro inesperado y de gran repercusión política ...
La investigación policial abierta en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra ha dado un giro inesperado y de gran repercusión política tras la aparición de una serie de facturas emitidas a nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un importe total de 555.700 euros que fueron halladas en poder de uno de los principales detenidos en la causa. Según fuentes policiales, estos documentos están bajo análisis porque existen sospechas fundadas de que corresponderían a trabajos simulados, sin prestación real de servicios, utilizados para justificar pagos de origen y destino aún por esclarecer, lo que podría implicar un posible delito fiscal o encubrimiento dentro de una trama de presunto blanqueo de capitales.
Los hechos se remontan a la operación contra el presunto desvío de fondos y blanqueo vinculados a Plus Ultra, una aerolínea rescatada con dinero público español durante la pandemia de covid-19. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo en diciembre al empresario Julio Martínez, presidente de la compañía emisora de las facturas y pieza central del entramado investigado, así como al CEO de la aerolínea.
Las facturas encontradas están formalizadas a nombre de Zapatero, con su DNI y retenciones fiscales habituales, y se refieren a supuestos «servicios de consultoría» prestados entre 2020 y 2025, periodo en que se canalizó dinero desde la sociedad interpuesta —controlada por Martínez— hacia distintas personas, entre ellas el expresidente. Sin embargo, la falta de documentación complementaria, como informes detallados, memorias explicativas o pruebas de trabajo efectivo, ha llevado a los investigadores a sospechar que estas operaciones podrían ser meros artificios administrativos para justificar pagos cuyo objeto real no está claro.
El propio Zapatero ha reconocido en medios que recibió «cantidades» por trabajos de consultoría global, defendiendo que los cobros fueron legales y correctamente declarados a Hacienda, aunque hasta ahora no había precisado las cifras exactas. El avance informativo sobre el volumen total de 555.700 euros arroja una nueva dimensión al caso y ha activado una respuesta política inmediata.
En paralelo, la investigación judicial del rescate y de las operaciones económicas de Plus Ultra sigue bajo secreto de sumario, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Además de analizar las facturas y la actividad de la empresa interpuesta que servía de canal para estos pagos, los agentes revisan si efectivamente se prestaron los servicios alegados o si se trató de una maniobra para dar apariencia de legalidad a retribuciones vinculadas a los movimientos financieros de la trama.
El contexto político en torno a este asunto es tenso y cargado de acusaciones cruzadas. Partidos de la oposición han pedido explicaciones sobre el papel de Zapatero en la red de contactos y transacciones que rodean a Plus Ultra, señalando que la aparición de estas facturas eleva el nivel de escrutinio público sobre la conducta del expresidente y sobre la gestión del rescate estatal de la aerolínea.
Los expertos consultados por diversos medios subrayan que la existencia de facturas emitidas a figuras políticas no necesariamente implica delito, pero la “simulación de trabajos” para justificar movimientos de dinero que podrían tener otro propósito es un elemento que puede dar lugar a responsabilidades penales o fiscales.
La causa continúa abierta y la Policía y la Fiscalía Anticorrupción trabajan para dilucidar no solo el origen de los fondos y los servicios presuntamente facturados, sino también si existe una conexión directa entre estas operaciones y los posibles delitos que se investigan en torno a Plus Ultra, incluidos blanqueo de capitales y fraude fiscal.
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