La investigación periodística y judicial sobre la irregular operativa de Plus Ultra Líneas Aéreas ha destapado un esquema que permitió dura...
La investigación periodística y judicial sobre la irregular operativa de Plus Ultra Líneas Aéreas ha destapado un esquema que permitió durante años que dinero en efectivo, drogas y material peligroso viajaran entre Madrid y Malabo ocultos en maletas facturadas a pasajeros que jamás fueron informados de su contenido. Este entramado se habría desarrollado en el contexto de un acuerdo entre la aerolínea española y una empresa ecuatoguineana denominada Punta Europa Aviación, vinculada directamente al entorno del dictador Teodoro Obiang, y con la intermediación de una agencia llamada Summerwind GSA, que actuaba como enlace logístico entre los aeropuertos de Madrid y Malabo.
El sistema de transporte irregular se basaba en lo que los implicados denominaban “maletas autorizadas”, un tipo de equipaje que, a pesar de superar con frecuencia las dimensiones, peso y características que exigirían un tratamiento como carga aérea en los controles oficiales, era tramitado como si fuese parte del equipaje personal de pasajeros. Esto permitía eludir los habituales filtros y controles de la Policía y de Aduanas tanto en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como en el Aeropuerto de Malabo, evitando cualquier inspección formal. Las maletas eran presentadas en mostradores gestionados por Punta Europa alejados de las áreas más vigiladas de la terminal, donde familiares y allegados de la dirección de la empresa ecuatoguineana pesaban y asignaban los bultos a nombres de pasajeros reales que ya habían registrado su equipaje sin sospechar nada.
Fuentes de la investigación judicial relatan que cada vuelo entre la capital española y la de Guinea Ecuatorial podía generar entre 30.000 y 60.000 euros por este negocio paralelo, que era abonado en efectivo y nunca declarado ante las autoridades fiscales ni aduaneras de ambos países. Parte de ese dinero habría circulado en moneda local o extranjera sin ningún tipo de registro oficial, algo que para los expertos supone un riesgo de blanqueo de capitales y de financiación de actividades ilícitas.
Los propios empleados de Plus Ultra y de las empresas asociadas habrían trasladado advertencias internas documentadas sobre los riesgos inherentes a este procedimiento. En correos electrónicos y grabaciones internas recogidas por investigadores, se expresa la preocupación por la presencia de mercancía peligrosa en esos bultos no registrados, e incluso se solicitaba que se tomaran medidas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas. Sin embargo, esas advertencias no dieron lugar a cambios sustanciales, y la relación comercial y operativa entre Plus Ultra y Punta Europa continuó sin interrupciones hasta finales de 2025.
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y otros altos cargos de la aerolínea han sido objeto de detenciones o medidas judiciales en el marco de investigaciones más amplias sobre la compañía, que incluyen presuntas irregularidades en la concesión y uso de ayudas públicas durante la pandemia, así como posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculados con actividades internacionales. Aunque algunas de estas causas están bajo secreto de sumario, las pesquisas tratan de determinar la dimensión real de todas las operaciones irregulares relacionadas con la aerolínea.
Los registros y audios internos también muestran que Punta Europa Aviación, presentada como aerolínea local en Guinea Ecuatorial, nunca llegó a obtener los permisos y certificaciones necesarios para operar como tal, pese a ejercer de facto funciones clave en la facturación y logística de los vuelos junto a Plus Ultra. Esta situación irregular habría sido conocida por los directivos de ambas empresas, que siguieron explotándola ante la ausencia de medidas contundentes por parte de las autoridades aeronáuticas y de seguridad aeroportuaria.
El caso ha generado una gran polémica en España y ha vuelto a poner en el centro del debate público las prácticas de control y supervisión en las rutas aéreas internacionales, así como la responsabilidad de las aerolíneas y sus socios en el cumplimiento de las normas de seguridad y aduanas.
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