Un audio de 40 minutos refuerza la denuncia contra el ex número dos de la Policía por una presunta agresión sexual

La investigación judicial abierta por la denuncia de una inspectora contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional entra en ...

La investigación judicial abierta por la denuncia de una inspectora contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional entra en una fase especialmente sensible tras la incorporación al sumario de una grabación de unos cuarenta minutos en la que, según la defensa de la víctima, queda reflejado de forma reiterada y explícita su rechazo a mantener relaciones sexuales con el entonces máximo mando operativo del cuerpo. El material, ya aportado al juzgado, recoge al menos tres negativas claras de la denunciante y peticiones verbales para que la situación cesara.

El principal investigado en la causa es el comisario principal José Ángel González, quien ocupaba el cargo de director adjunto operativo, la segunda máxima responsabilidad dentro de la Policía Nacional. El puesto dependía directamente del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, y situaba al investigado en una posición jerárquica de enorme poder dentro de la estructura policial.

Según la querella, la grabación es una pieza clave para acreditar que la denunciante manifestó de forma inequívoca su negativa y que no existió consentimiento. En el audio, siempre de acuerdo con el relato de su representación legal, la inspectora pide en varias ocasiones que la deje tranquila, expresa su incomodidad y verbaliza de manera clara que no desea mantener ningún tipo de relación íntima. A pesar de ello, el escrito presentado ante el juzgado sostiene que la agresión sexual se habría consumado con penetración.

Uno de los elementos centrales de la denuncia es el contexto en el que, presuntamente, se produjeron los hechos. La inspectora describe una relación previa marcada por una fuerte asimetría de poder institucional, derivada de la posición de mando del exDAO sobre su carrera profesional. La querella subraya que ese desequilibrio jerárquico habría generado una situación de presión continuada y de especial vulnerabilidad, al tratarse de una subordinada directa dentro de una estructura altamente vertical como es la policial.

Fuentes jurídicas señalan que la grabación no solo tendría valor probatorio sobre el rechazo expreso, sino también sobre el clima de insistencia y persistencia que, según la versión de la víctima, precedió a los hechos denunciados. La defensa considera que el audio refuerza la credibilidad de la inspectora y desmonta cualquier hipótesis de consentimiento, al quedar documentadas varias negativas explícitas en un periodo de tiempo prolongado.

La causa se tramita en un juzgado especializado en violencia contra la mujer de Madrid, que ya ha admitido a trámite la querella y ha citado al exDAO en calidad de investigado. Paralelamente, la propia Policía Nacional ha abierto un expediente interno para analizar los hechos desde el punto de vista disciplinario, un procedimiento que queda supeditado al avance de la investigación judicial.

El caso ha provocado un fuerte impacto en el seno del Ministerio del Interior y en la cúpula policial, no solo por la gravedad de la acusación, sino también por la posición que ocupaba el investigado y por el contexto reciente de polémica en torno a su continuidad en el cargo. La denuncia de una subordinada directa y la existencia de un audio que recoge el rechazo verbal están siendo interpretadas como elementos que complican seriamente la situación procesal del exresponsable policial.

Por su parte, el entorno del investigado niega los hechos y defiende que la relación fue consentida, cuestionando la interpretación de la grabación. No obstante, la querella sostiene que el contenido íntegro del audio, junto con otros mensajes y pruebas documentales, permitirá reconstruir una secuencia compatible con un delito de agresión sexual cometido en un marco de abuso de poder.

Mientras el juzgado continúa practicando diligencias, el caso se ha convertido en uno de los más delicados para la imagen institucional del cuerpo policial en los últimos años, al situar en el centro del proceso a quien hasta hace poco era el máximo responsable operativo de la seguridad en España.