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Miles de personas volvieron a salir a las calles en distintas zonas de Cuba por segunda noche consecutiva después de que el país sufriera uno de los apagones más extensos de los últimos años, provocado principalmente por la escasez de combustible que afecta al sistema eléctrico nacional. Las protestas, que comenzaron tras horas —e incluso días en algunas regiones— sin suministro eléctrico, reflejan un malestar creciente entre la población ante el deterioro de las condiciones de vida y el colapso de numerosos servicios públicos.
En varios barrios de La Habana y otras ciudades del país, grupos de manifestantes caminaron por las calles golpeando cacerolas y coreando consignas contra el gobierno. Entre los cánticos más repetidos se escuchó “No queremos electricidad, queremos libertad”, una frase que resume el cambio en el tono de las protestas: lo que empezó como una reacción al apagón terminó convirtiéndose en una expresión más amplia de frustración política y social.
El apagón masivo dejó a gran parte del país a oscuras durante largas horas, paralizando la actividad cotidiana. La falta de electricidad afectó no solo a los hogares, sino también al funcionamiento de hospitales, comercios, transporte y comunicaciones. Las autoridades reconocieron que la crisis energética está directamente relacionada con la falta de combustible para alimentar las centrales termoeléctricas, muchas de las cuales además operan con equipos obsoletos y requieren reparaciones constantes.
La crisis energética se suma a un contexto económico extremadamente complicado para la isla. Cuba atraviesa desde hace años una profunda escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, agravada por la inflación, la caída del turismo tras la pandemia y la falta de divisas para importar recursos esenciales. En este escenario, los cortes de electricidad se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongados, especialmente fuera de la capital, donde algunos territorios experimentan apagones de más de diez horas diarias.
Las protestas también recuerdan a las manifestaciones que sacudieron el país en julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en lo que fue considerado el mayor estallido social en décadas. Desde entonces, el gobierno ha intentado reforzar el control sobre las movilizaciones y ha advertido que no tolerará disturbios ni actos que considere desestabilizadores.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han ofrecido cifras oficiales sobre el número de manifestantes ni sobre posibles detenciones relacionadas con las protestas. Sin embargo, en redes sociales han circulado numerosos videos grabados por ciudadanos que muestran concentraciones en distintos barrios, así como presencia policial y patrullas intentando dispersar a los participantes.
Analistas señalan que el detonante inmediato de las protestas ha sido el apagón, pero que el trasfondo es un desgaste acumulado por años de dificultades económicas y falta de perspectivas de mejora. El deterioro del sistema eléctrico se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la crisis estructural que enfrenta el país.
Mientras el gobierno intenta estabilizar el suministro energético y gestionar la escasez de combustible, muchos cubanos temen que los apagones continúen durante los próximos meses. La repetición de protestas durante dos noches consecutivas evidencia que el malestar social sigue creciendo y que la crisis energética podría convertirse en un nuevo foco de tensión política en la isla.





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