El Gobierno de España ha confirmado de forma clara y rotunda que no va a permitir que sus bases militares en territorio español participen o...
El Gobierno de España ha confirmado de forma clara y rotunda que no va a permitir que sus bases militares en territorio español participen o se utilicen para apoyar el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, generando un profundo desmarque diplomático respecto a Washington y también respecto a varios de sus principales aliados europeos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que, según la información disponible hasta ahora, ni la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) ni la base naval de Rota (Cádiz) han servido ni servirán de plataforma para operaciones ofensivas en Irán, y que su uso debe ajustarse estrictamente a los acuerdos bilaterales existentes y a la Carta de las Naciones Unidas, que España entiende como un marco que prohíbe su utilización en este tipo de ofensivas.
La decisión de Madrid supone una ruptura explícita con la postura de Estados Unidos en este conflicto, que ha movilizado desde bases europeas —incluidas las españolas— aviones, buques y material militar para la operación conjunta contra objetivos en Irán. Como consecuencia directa de la posición española, el Pentágono ordenó la retirada de al menos una decena de aviones cisterna de repostaje –modelos KC-135T y KC-135R, fundamentales para sostener vuelos de combate de largo alcance– desde las bases de Rota y Morón hacia otros emplazamientos en Europa, como la base aérea de Ramstein en Alemania o instalaciones en el sur de Francia.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado en público que no se ha prestado, ni se va a prestar, ningún tipo de apoyo, mantenimiento o facilidades logísticas a Estados Unidos desde estas bases en relación con el ataque a Irán. Robles ha recalcado que las instalaciones españolas únicamente podrían ser empleadas para misiones que se ajusten a la legalidad internacional y ha insistido en que España rechaza la violencia y aboga por soluciones diplomáticas, poniendo especial énfasis en que cualquier uso humanitario será el único que el Gobierno español podría considerar, siempre dentro del marco legal pertinente.
La posición de España también se desmarca de la adoptada por otros grandes países europeos. Francia, Alemania y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su “indignación” por los ataques de Irán en la región y dejaron abierta la posibilidad de participar en una respuesta defensiva coordinada con Estados Unidos. En contraste, el Gobierno español ha optado por criticar tanto los ataques iraníes como la ofensiva de Estados Unidos e Israel, pidiendo desescalada y diálogo diplomático y rechazando que la violencia pueda resolver la crisis.
Albares ha defendido que esta posición responde a un compromiso con el derecho internacional, la moderación y la estabilidad global, argumentando que la guerra tiene “consecuencias imprevisibles” y que la comunidad internacional no debe contribuir a una escalada que podría tener efectos devastadores en la región y más allá. El ministro también ha señalado que, según los datos que manejan las autoridades españolas, no hay ciudadanos españoles heridos o fallecidos en los recientes bombardeos y contraataques en Oriente Medio, aunque recordó que alrededor de 30 000 españoles residen en zonas actualmente muy tensionadas.
La ruptura con Washington y el distanciamiento frente a algunos aliados europeos señalan un momento delicado en la política exterior española, que ahora tendrá que equilibrar su compromiso con la OTAN y con la UE con una clara apuesta por la diplomacia y la no participación directa en un conflicto que amenaza con extenderse por toda la región.
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