Solicitan al Departamento de Justicia de EE. UU. investigar a Nicolás Maduro por presuntos actos de tortura que podrían implicar pena de muerte

Un colectivo de abogados venezolanos en el exilio ha presentado una petición formal ante el Department of Justice de Estados Unidos para qu...

Un colectivo de abogados venezolanos en el exilio ha presentado una petición formal ante el Department of Justice de Estados Unidos para que se inicie una investigación penal adicional contra el exlíder venezolano Nicolás Maduro por presuntos delitos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, en particular actos de tortura que, bajo la legislación estadounidense, podrían acarrear condenas extremadamente severas. La solicitud, que fue elevada poco después de que Maduro fuera detenido en suelo estadounidense en enero junto a su esposa, busca que las autoridades federales evalúen si existen fundamentos suficientes para iniciar un proceso independiente al que ya enfrenta por narcotráfico y corrupción en Nueva York, donde se declaró inocente ante un tribunal estadounidense. 

Los abogados que lideran esta iniciativa, entre ellos Kelvi Zambrano, José Valderrama, Villca Fernández y Julie Vanessa Siado, han argumentado que la legislación de Estados Unidos permite procesar delitos de tortura cometidos fuera del país siempre que el presunto responsable se encuentre presente en territorio estadounidense en el momento de la imputación. Según explican, esto implicaría que, aunque los hechos denunciados habrían ocurrido en Venezuela, podrían ser susceptibles de investigación federal ahora que Maduro está bajo custodia en EE. UU. 

La petición se apoya en informes de organismos internacionales que han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros abusos en Venezuela, incluidos documentos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como de misiones de determinación de hechos independientes. Los abogados sostienen que la normativa estadounidense no exige demostrar un patrón sistemático o generalizado de tortura como en otros mecanismos internacionales, sino que basta con evidencia de al menos una víctima que pueda probar que fue torturada bajo color de ley para activar la jurisdicción de los fiscales federales. 

De prosperar la apertura de una nueva investigación penal de este tipo, las consecuencias para Maduro podrían ser drásticas. La ley federal de Estados Unidos establece que los delitos de tortura pueden acarrear múltiples penas, incluyendo un máximo de 20 años de prisión y, en casos agravados en los que las víctimas mueran como resultado de los abusos, condenas mucho más severas que podrían extenderse hasta la cadena perpetua e incluso la pena de muerte si se demuestra la muerte de víctimas bajo tortura. Sin embargo, como han señalado los abogados, la mera presentación de la petición no asegura que se formulen cargos automáticamente; corresponde a los fiscales federales decidir si existe evidencia suficiente para iniciar una investigación formal, un proceso que podría extenderse por meses. 

Actualmente, Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan cargos por narcotráfico en Estados Unidos, un caso que fue traído ante la justicia federal de Manhattan en enero y que se sustenta en alegaciones de que habrían liderado una red criminal conocida como el “Cartel de los Soles” para facilitar tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En ese contexto, la solicitud de los abogados exiliados pretende abrir una “nueva arista” judicial que enfoque específicamente en presuntas prácticas de tortura y abuso de poder que, según ellos, forman parte de la historia de represión del régimen venezolano. 

Analistas legales destacan que, aunque el umbral para que el Departamento de Justicia actúe es alto, la presencia física de Maduro en Estados Unidos crea una situación inusual que podría permitir a los fiscales federales explorar jurisdicción sobre delitos que de otra manera quedarían fuera de su alcance. La eventual apertura de esta investigación supondría un hito sin precedentes, al tratarse de un caso potencial en el que un exjefe de Estado sería juzgado bajo normas estadounidenses por actos de tortura cometidos en el extranjero.