La CNMC abre 20 expedientes sancionadores por el apagón eléctrico de abril de 2025 y señala fallos graves en la red

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido abrir 20 expedientes sancionadores relacionados con el apagón general que ...

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido abrir 20 expedientes sancionadores relacionados con el apagón general que afectó a buena parte del país el 28 de abril de 2025, un episodio que dejó sin suministro eléctrico a millones de ciudadanos y paralizó servicios esenciales durante varias horas. La medida llega tras cerca de un año de investigaciones técnicas, requerimientos de información y análisis de responsabilidades entre los distintos operadores del sistema eléctrico. El organismo que preside Cani Fernández considera que existen indicios suficientes de infracciones que podrían derivar en sanciones económicas relevantes y en la imposición de medidas correctivas.

El llamado «cero eléctrico» puso de manifiesto vulnerabilidades en la gestión del sistema y provocó importantes consecuencias económicas y sociales. Transportes ferroviarios detenidos, interrupciones en redes de telecomunicaciones, hospitales activando generadores de emergencia y actividad industrial paralizada fueron algunos de los efectos más visibles. El regulador ha examinado la secuencia de eventos que llevaron al colapso, incluyendo la respuesta de las compañías implicadas, la coordinación entre operadores y el cumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos por la normativa. Según el análisis preliminar, la gestión de incidencias y el mantenimiento preventivo de determinadas infraestructuras no habrían sido adecuados. 

Entre los expedientes abiertos, el más grave se dirige contra Red Eléctrica de España, responsable de la operación del sistema eléctrico. La CNMC sostiene que la actuación del gestor pudo constituir una infracción que “puso en riesgo la seguridad del sistema”, una acusación que, de confirmarse, implicaría responsabilidades especialmente significativas. El regulador considera que ciertos mecanismos de control no funcionaron correctamente y que la reacción ante las primeras señales de inestabilidad no fue suficiente para evitar el apagón generalizado.

El resto de expedientes se distribuyen entre varias empresas del sector, incluyendo operadores de generación y distribución. La investigación apunta a posibles fallos en el mantenimiento de instalaciones, deficiencias en la comunicación entre actores del sistema y retrasos en la aplicación de medidas correctoras. El regulador analiza si estas actuaciones contribuyeron a agravar la situación o dificultaron la recuperación del suministro. Además, se evalúa si se cumplieron los estándares de resiliencia exigidos para infraestructuras consideradas críticas. 

La apertura de los expedientes no implica sanción automática, sino el inicio formal de un procedimiento en el que las compañías podrán presentar alegaciones y aportar pruebas. El proceso puede prolongarse durante meses, ya que incluye análisis técnicos detallados y la revisión de miles de datos operativos. No obstante, la CNMC ha subrayado que su objetivo es garantizar la fiabilidad del sistema eléctrico y prevenir incidentes similares en el futuro. También ha destacado que la seguridad del suministro es un elemento clave para la economía y el funcionamiento de los servicios esenciales.

El episodio del apagón impulsó además un debate sobre la necesidad de reforzar la infraestructura energética y mejorar la coordinación entre operadores. Expertos del sector han señalado la importancia de invertir en redes más robustas, sistemas de monitorización avanzados y protocolos de respuesta más ágiles. La decisión del regulador se interpreta como un paso hacia una mayor supervisión y exigencia de responsabilidades. Mientras tanto, el sector eléctrico observa con atención el desarrollo de los procedimientos, que podrían marcar un precedente sobre cómo se gestionan las fallas sistémicas en la red nacional.