Venezuela desmantela megagranja de 4.000 mineros de Bitcoin en Aragua para aliviar la grave crisis eléctrica

Autoridades venezolanas desmantelaron una granja clandestina de minería de Bitcoin con aproximadamente 4.000 equipos ASIC en la zona indus...

Autoridades venezolanas desmantelaron una granja clandestina de minería de Bitcoin con aproximadamente 4.000 equipos ASIC en la zona industrial de San Vicente, en Maracay, estado Aragua. La acción, coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), efectivos militares de la REDI Central y la ZODI Aragua, contó con la participación de la gobernadora del estado y el viceministro de Energía Eléctrica, general de brigada Vianney Rojas. El gobierno argumenta que esta medida es esencial para mitigar la profunda crisis eléctrica que afecta al país desde hace años.

Según las autoridades, la instalación operaba de forma ilegal y generaba un consumo masivo de energía estimado entre 8 y 13 megavatios (MW), dependiendo de las estimaciones. Este volumen equivale al consumo mensual de cientos o incluso más de mil hogares venezolanos promedio, según cálculos difundidos en redes. Además de los mineros —principalmente modelos como Whatsminer M30s—, se incautaron sistemas industriales de ventilación y refrigeración que agravaban la carga sobre la red. Las fluctuaciones provocadas por estos equipos alteraban los sistemas de protección eléctrica, contribuyendo a inestabilidades regionales en el suministro.

El desmantelamiento se enmarca en la “Operación Cazador”, un plan que incluye incentivos a la delación ciudadana para localizar operaciones clandestinas. Apenas días antes, el 13 de mayo, se había intervenido otra granja menor en Los Teques, estado Miranda, con cerca de 200 equipos. El Ministerio de Energía Eléctrica ha ratificado la prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio nacional, argumentando que esta actividad representa un “alto impacto” en la demanda y afecta la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El viceministro Rojas destacó in situ que la infraestructura era clandestina y que su intervención busca proteger el servicio para la población.

Venezuela ha sido históricamente un actor relevante en la minería de Bitcoin, aprovechando en el pasado tarifas eléctricas subsidiadas y un clima favorable. Sin embargo, la severa crisis energética —marcada por apagones frecuentes, falta de mantenimiento en plantas hidroeléctricas y térmicas, y una infraestructura obsoleta— ha llevado al gobierno a endurecer su postura. Aunque en años anteriores existió un marco regulatorio a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP), las autoridades han pasado a una política de desconexión total de granjas para priorizar el consumo residencial e industrial básico.

Críticos y analistas señalan que, más allá del consumo real de estas operaciones —que en un sistema con capacidad ociosa podría no ser tan determinante—, el problema estructural radica en la corrupción, el desmantelamiento de la infraestructura y la falta de inversión. Algunos cuestionan si estas acciones realmente aliviarán las fallas o si forman parte de una estrategia más amplia de control. Mientras tanto, los mineros clandestinos, que en el pasado veían en el Bitcoin una vía de escape a la hiperinflación y la escasez de divisas, ahora enfrentan mayor riesgo. 

Este caso ilustra la tensión entre el potencial económico de las criptomonedas y las limitaciones reales de un país con graves problemas energéticos. Las autoridades prometen continuar con operativos similares en otras regiones, mientras la población sigue padeciendo racionamientos y cortes que, según el gobierno, se verán mitigados con estas medidas enérgicas contra el “robo” de electricidad. El futuro de la minería digital en Venezuela parece cada vez más restringido en medio de la emergencia nacional.