Delcy Rodríguez demanda a Víctor de Aldama en España y designa a Baltasar Garzón para asumir su defensa.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella en España contra el empresario Víctor de Aldama por sus declaraciones sobre un supuesto sobre procedente de PDVSA. La dirigente venezolana ha confiado su defensa al exjuez Baltasar Garzón, mientras el procedimiento judicial se centra en las manifestaciones realizadas por Aldama sobre una presunta financiación irregular del PSOE.
La querella se presenta en España
Delcy Rodríguez ha iniciado acciones legales en España contra el empresario Víctor de Aldama, según ha trascendido este lunes.
La querella tiene su origen en las declaraciones públicas realizadas por Aldama acerca de un supuesto sobre procedente de la empresa estatal venezolana PDVSA.
La dirigente venezolana sostiene que las afirmaciones del empresario han motivado la presentación de la demanda ante la jurisdicción española.
El procedimiento se encuentra en su fase inicial y será el órgano judicial competente el que determine los siguientes pasos de la causa.
Baltasar Garzón asumirá la defensa de Rodríguez
Para su representación legal, Delcy Rodríguez ha designado al exjuez Baltasar Garzón.
El abogado asumirá la defensa de la dirigente venezolana durante la tramitación del procedimiento abierto en España.
La elección de Garzón sitúa el caso en el ámbito judicial español, donde deberán analizarse las alegaciones formuladas por ambas partes y las pruebas que puedan incorporarse a la causa.
Por el momento, no se han hecho públicas actuaciones judiciales adicionales derivadas de la presentación de la querella.
El origen del conflicto judicial
La demanda surge después de que Víctor de Aldama afirmara que Delcy Rodríguez le entregó documentación que, según su versión, acreditaría una presunta financiación irregular del PSOE.
Esas manifestaciones son el núcleo del litigio planteado por la dirigente venezolana, que ha optado por acudir a los tribunales españoles para impugnarlas.
Hasta que avance la instrucción, las afirmaciones realizadas por las partes forman parte de sus respectivas posiciones procesales y deberán ser valoradas, en su caso, por la autoridad judicial competente.
La evolución del procedimiento dependerá de las diligencias que acuerde el juzgado y de la documentación y pruebas que presenten las partes durante la tramitación del caso.
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