Hazte Oír denuncia a Gallardo por la plaza de un colaborador de David Sánchez

Hazte Oír denuncia a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación al crear una plaza para un colaborador de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

La asociación Hazte Oír ha presentado una nueva denuncia contra Miguel Ángel Gallardo por un posible delito de prevaricación administrativa. La querella se centra en su presunta participación en la creación y adjudicación de un puesto para Luis María Carrero, colaborador de David Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Según sostiene la asociación, la plaza carecía de funciones propias y habría sido creada para auxiliar al hermano del presidente del Gobierno en sus proyectos operísticos. El auto de aclaración dictado el 16 de septiembre dejó abierta a las acusaciones la posibilidad de emprender acciones contra Gallardo por estos hechos. Además, Hazte Oír ha recurrido la sentencia y reclama seis años de prisión para David Sánchez y cuatro para Gallardo.

La denuncia amplía el perímetro judicial de las investigaciones sobre las contrataciones en la Diputación de Badajoz.

El contenido de la denuncia y el puesto de Carrero

Hazte Oír centra su escrito en la figura de Luis María Carrero y en las circunstancias en las que se creó y cubrió su plaza en la institución provincial. La asociación argumenta que el puesto no respondía a una necesidad orgánica real y que sus funciones se habrían orientado, de forma prioritaria, a apoyar los proyectos relacionados con la ópera impulsados por David Sánchez.

La denuncia atribuye a Miguel Ángel Gallardo una intervención relevante en el diseño y en la adjudicación de esa plaza. El tipo penal invocado es el de prevaricación administrativa, que castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en asunto administrativo.

Todas las afirmaciones de la querella son, en esta fase, alegaciones de una de las partes. Corresponde a la investigación determinar si la plaza carecía efectivamente de contenido propio, si existió desviación de poder y si la conducta de Gallardo puede subsumirse en el delito denunciado.

El auto del 16 de septiembre y la vía abierta contra Gallardo

El auto de aclaración dictado el 16 de septiembre resulta clave en la estrategia de Hazte Oír. Según la asociación, esa resolución dejó expedita la posibilidad de que las acusaciones dirigieran acciones penales concretas contra Gallardo por su papel en los hechos relacionados con la plaza de Carrero.

Hasta ese momento, el foco principal de la causa se había situado en David Sánchez y en las circunstancias de su propia contratación. El auto de aclaración, en la interpretación de la acusación particular, amplía el margen para reclamar responsabilidades a otros cargos de la Diputación que habrían intervenido en la creación o en la cobertura de puestos vinculados a su entorno.

Gallardo, por su parte, mantiene la presunción de inocencia. Cualquier imputación formal dependerá de que el juzgado admita la denuncia y de que, en su caso, practique las diligencias necesarias para contrastar los hechos descritos por Hazte Oír.

El recurso de la sentencia y las penas solicitadas

Además de la nueva denuncia, Hazte Oír ha recurrido la sentencia dictada en la causa principal. En su recurso, la asociación reclama una condena de seis años de prisión para David Sánchez y de cuatro años para Miguel Ángel Gallardo.

Las penas solicitadas reflejan la calificación jurídica que la acusación particular atribuye a los hechos: un uso desviado de la potestad administrativa para beneficiar a personas concretas del entorno del hermano del presidente del Gobierno. El tribunal de apelación deberá revisar tanto los hechos declarados probados como la calificación y, en su caso, la dosimetría de las penas.

El recurso no prejuzga el resultado. Las sentencias de instancia pueden ser confirmadas, revocadas o modificadas. Mientras se resuelve, las pretensiones de Hazte Oír quedan como la posición máxima de una de las partes personadas.

Contexto político y judicial

Las contrataciones en la Diputación de Badajoz relacionadas con David Sánchez y su entorno se han convertido en uno de los focos de tensión política y mediática de los últimos meses. La oposición ha presentado el caso como ejemplo de clientelismo y de uso partidista de instituciones públicas. El PSOE y el entorno de los investigados han defendido la legalidad de los procedimientos y han denunciado una persecución política.

En ese clima, cada nuevo escrito de acusación o de recurso adquiere una lectura inmediata en clave partidista. La denuncia contra Gallardo por la plaza de Carrero y la petición de penas de prisión en el recurso refuerzan la estrategia de Hazte Oír de mantener abierta y ampliada la vía penal.

Los tribunales, no obstante, están sujetos al principio de legalidad y a las pruebas que consten en la causa. La existencia de un auto de aclaración que, según la acusación, habilita acciones contra Gallardo no equivale a una condena ni a un pronunciamiento sobre el fondo de la prevaricación denunciada.

Perspectivas

La admisión a trámite de la nueva denuncia será el primer filtro. Si el juzgado la admite, se abrirá una fase de investigación sobre la creación y adjudicación de la plaza de Luis María Carrero, con posible citación de investigados y testigos. Si la inadmite, Hazte Oír podrá recurrir esa decisión en los términos que permita la ley.

En paralelo, el recurso contra la sentencia principal seguirá su curso en la instancia superior. La petición de seis años de prisión para David Sánchez y de cuatro para Gallardo marca el techo de las pretensiones de la acusación particular, pero el tribunal no está vinculado por ellas.

El caso de la Diputación de Badajoz ilustra la complejidad de las causas en las que se entrecruzan decisiones administrativas, vínculos políticos y acusaciones de desviación de poder. La nueva denuncia de Hazte Oír contra Miguel Ángel Gallardo añade un capítulo centrado en la plaza de un colaborador de David Sánchez y en la tesis de que ese puesto se creó sin funciones reales para auxiliar proyectos privados. La justicia deberá determinar si esa tesis se sostiene o si queda en el ámbito de las sospechas no acreditadas.