Henri Parot accede al tercer grado y reabre el debate sobre la política penitenciaria

Henri Parot accede al tercer grado penitenciario por decisión del Gobierno Vasco. COVITE critica la medida y reabre el debate penitenciario.

Henri Parot, exmiembro de la organización terrorista ETA condenado por el asesinato de 39 personas y múltiples tentativas de homicidio, ha accedido al tercer grado penitenciario por decisión del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. La medida, confirmada tras haber permanecido en un régimen de semilibertad desde mayo de 2025 mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, ha provocado una inmediata reacción de asociaciones de víctimas, entre ellas COVITE, que ha expresado su rechazo a la resolución.

La concesión del tercer grado penitenciario al exmiembro de ETA Henri Parot ha vuelto a situar la política penitenciaria aplicada a los presos de la organización terrorista en el centro del debate público.

La decisión ha sido adoptada por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que desde la transferencia de las competencias penitenciarias gestiona la clasificación y progresión de grado de los internos que cumplen condena en centros penitenciarios de Euskadi.

Henri Parot es considerado uno de los miembros más conocidos de ETA debido al elevado número de atentados por los que fue condenado durante las décadas de mayor actividad de la organización terrorista.

Su historial delictivo incluye condenas por el asesinato de 39 personas y numerosas tentativas de asesinato, lo que dio lugar a penas que, en conjunto, superaban los 4.000 años de prisión conforme al Código Penal vigente en el momento de los hechos.

Aunque la suma de las condenas alcanzaba esa cifra, la legislación española establece límites máximos de cumplimiento efectivo de las penas de prisión, que posteriormente han sido objeto de diversas reformas legislativas y resoluciones judiciales.

La evolución de su situación penitenciaria ha estado marcada durante años por diferentes decisiones administrativas y judiciales, además de por la conocida doctrina Parot, posteriormente anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Del artículo 100.2 al tercer grado

Henri Parot ya disfrutaba desde mayo de 2025 de un régimen de semilibertad gracias a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Este mecanismo permite flexibilizar el cumplimiento de la condena sin necesidad de que el interno haya sido clasificado formalmente en tercer grado.

La medida suele emplearse para facilitar programas individualizados de tratamiento cuando la Administración Penitenciaria considera que concurren determinadas circunstancias.

Durante ese periodo, Parot pudo desarrollar actividades fuera del centro penitenciario bajo las condiciones fijadas por Instituciones Penitenciarias.

Ahora, con la concesión del tercer grado, su situación penitenciaria cambia de forma significativa.

El tercer grado constituye el régimen abierto previsto en la legislación penitenciaria española.

Los internos clasificados en este grado permanecen fuera del centro penitenciario durante buena parte del día y únicamente deben cumplir las condiciones establecidas por la administración competente, incluyendo pernoctaciones o controles según cada caso.

La clasificación en tercer grado no supone la extinción de la condena ni implica la libertad definitiva.

El interno continúa cumpliendo la pena impuesta, aunque bajo un régimen menos restrictivo.

Las resoluciones de clasificación penitenciaria pueden ser recurridas ante los órganos judiciales competentes cuando así lo prevé la legislación.

Reacciones de las asociaciones de víctimas

La decisión ha sido criticada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), que ha manifestado públicamente su rechazo a la progresión de grado concedida a Parot.

La asociación considera que el exdirigente de ETA representa uno de los símbolos más relevantes de la violencia ejercida por la organización terrorista durante décadas.

COVITE sostiene que la medida resulta especialmente sensible debido a la gravedad de los delitos por los que fue condenado y al impacto que estos tuvieron sobre las víctimas y sus familias.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo han mostrado históricamente posiciones críticas respecto a determinadas progresiones penitenciarias de antiguos miembros de ETA, especialmente cuando afectan a condenados por múltiples asesinatos.

Estas organizaciones defienden que las decisiones penitenciarias deben valorar con especial rigor aspectos como el reconocimiento del daño causado, la colaboración con la justicia y la reparación a las víctimas.

Por su parte, las administraciones penitenciarias recuerdan que las clasificaciones de grado deben adoptarse conforme a los criterios previstos en la legislación vigente y a los informes técnicos elaborados por los profesionales penitenciarios.

Cada expediente se estudia de forma individualizada teniendo en cuenta la evolución del interno, su situación personal y el resto de circunstancias previstas en la normativa.

Un debate que sigue presente en la política española

La situación penitenciaria de los antiguos miembros de ETA continúa generando debate político y social décadas después del final de la actividad terrorista de la organización.

La transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco ha supuesto que sea la administración autonómica la responsable de adoptar este tipo de decisiones respecto a los internos que cumplen condena en los centros penitenciarios de la comunidad.

En los últimos años se han sucedido diversas progresiones de grado y concesiones de beneficios penitenciarios a antiguos integrantes de ETA, decisiones que han recibido valoraciones muy diferentes por parte de los distintos partidos políticos y colectivos sociales.

Mientras algunas formaciones sostienen que la legislación penitenciaria debe aplicarse con normalidad a todos los internos una vez cumplidos los requisitos legales, otras consideran que determinados delitos exigen una interpretación especialmente restrictiva de los beneficios previstos por el ordenamiento jurídico.

El caso de Henri Parot posee además una importante carga simbólica debido a su trayectoria dentro de ETA y al elevado número de víctimas mortales atribuidas a sus atentados.

Su nombre también quedó ligado durante años a la denominada doctrina Parot, criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal Supremo en 2006 para el cómputo de beneficios penitenciarios y posteriormente anulado en 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión que afectó a numerosos presos condenados por terrorismo y otros delitos especialmente graves.

La nueva clasificación penitenciaria del exmiembro de ETA previsiblemente mantendrá abierto el debate sobre el equilibrio entre la aplicación de la legislación penitenciaria, los derechos de los internos y las demandas de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

La evolución del caso dependerá de las posibles impugnaciones que puedan plantearse, así como de las resoluciones que adopten los órganos judiciales competentes en caso de que la decisión sea recurrida.