Interior reconoce la elaboración de un dosier sobre periodistas con valoraciones ideológicas

Interior reconoce un dosier interno con fichas de periodistas y valoraciones ideológicas. La polémica provoca críticas políticas y del sector.

El Ministerio del Interior ha reconocido la existencia de un documento interno con fichas sobre decenas de periodistas y directivos de medios de comunicación que incluía fotografías, información profesional y valoraciones sobre su supuesta orientación ideológica. La revelación ha abierto una nueva controversia política y ha provocado críticas por parte de asociaciones de la prensa y partidos de la oposición, mientras el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostiene que el documento carecía de carácter oficial y estaba destinado a uso interno.

La existencia de un dosier interno elaborado por personal del Ministerio del Interior ha situado de nuevo al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska en el centro del debate político. El documento, compuesto por varias decenas de folios, contenía fichas individuales de periodistas, presentadores, analistas y responsables de medios de comunicación, acompañadas de comentarios sobre su supuesta posición ideológica, su línea editorial o su actitud respecto al Gobierno.

La información ha generado una fuerte polémica por la naturaleza del contenido recogido en esas fichas y por las dudas planteadas acerca de la conveniencia de que una administración pública recopile este tipo de valoraciones sobre profesionales de la información.

Según la información difundida, el documento incluía fotografías de los periodistas, referencias a los medios en los que trabajan y anotaciones calificando a los profesionales mediante expresiones como "afín al PSOE", "claramente de izquierdas y apoya al Gobierno", "tendencia conservadora", "periodista de derechas", "moderado", "independiente", "extrema derecha", "militante socialista", "desinformación" o "crítico con la amnistía", entre otras.

Las fichas también hacían referencia a directivos de asociaciones profesionales de periodistas y responsables editoriales de distintos medios de comunicación nacionales.

La difusión del contenido ha provocado un intenso debate sobre los límites de la recopilación de información por parte de las administraciones públicas y sobre la relación entre el poder político y los medios de comunicación.

Un documento con decenas de perfiles y valoraciones personales

De acuerdo con la información publicada, el dosier estaba formado por numerosas fichas individuales elaboradas con un formato homogéneo.

Cada una de ellas incorporaba una fotografía del periodista, datos básicos sobre su trayectoria profesional y una serie de observaciones destinadas a describir su supuesta orientación ideológica o editorial.

Entre las anotaciones figuraban calificativos como "es de centro derecha moderado", "claramente de izquierdas y apoya al Gobierno", "defiende el ideario del PP", "en contra de los independentismos", "periodista polémica", "últimamente es más combativa" o "estuvo vinculado al PSOE, pero ha evolucionado hacia posiciones conservadoras".

También aparecían referencias a la actividad pública de algunos comunicadores y a su participación habitual en determinados programas de televisión, radio o prensa escrita.

Según las informaciones conocidas, el documento no contenía datos personales especialmente protegidos ni información de carácter privado, sino valoraciones elaboradas a partir de la actividad pública de los profesionales.

No obstante, la naturaleza de esas clasificaciones ha suscitado críticas por considerar que atribuyen etiquetas políticas a periodistas cuya función consiste precisamente en desarrollar una labor informativa independiente.

Interior sostiene que era un documento de trabajo interno

Tras conocerse la existencia del dosier, el Ministerio del Interior reconoció que el documento había sido elaborado en el ámbito del departamento.

Según la explicación ofrecida, se trataría de un documento de trabajo destinado exclusivamente al uso interno de los equipos de comunicación y sin carácter oficial.

El ministerio ha señalado que este tipo de materiales pueden utilizarse para preparar comparecencias públicas, entrevistas o relaciones con los medios de comunicación.

No obstante, la explicación no ha evitado la controversia.

Diversos sectores han cuestionado la conveniencia de clasificar a periodistas según criterios ideológicos desde un organismo de la Administración General del Estado.

Las críticas se han centrado especialmente en la posibilidad de que esas valoraciones pudieran influir en las relaciones institucionales con los medios o en la planificación de la comunicación pública.

Hasta el momento no se ha informado de que el documento haya tenido efectos administrativos o haya sido utilizado para adoptar decisiones oficiales.

Reacciones políticas y preocupación en el sector periodístico

La revelación del contenido del dosier ha provocado reacciones tanto en el ámbito político como entre organizaciones profesionales de periodistas.

Diversos partidos de la oposición han solicitado explicaciones al Ministerio del Interior y han reclamado conocer quién ordenó la elaboración del documento, con qué finalidad se confeccionó y quién tuvo acceso a su contenido.

Algunas formaciones consideran que resulta improcedente que un ministerio clasifique ideológicamente a profesionales de la información, mientras otras han reclamado la comparecencia parlamentaria del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Por su parte, distintas asociaciones periodísticas han recordado la importancia de preservar la independencia de los medios de comunicación y evitar actuaciones que puedan interpretarse como mecanismos de catalogación política de periodistas.

Los colectivos profesionales también han insistido en que el ejercicio del periodismo debe desarrollarse libre de cualquier tipo de presión o clasificación institucional basada en opiniones o líneas editoriales.

El debate sobre la relación entre administraciones y medios

La polémica ha reabierto el debate sobre las herramientas utilizadas por las administraciones públicas para gestionar su comunicación institucional.

Es habitual que los gabinetes de comunicación elaboren bases de datos de periodistas con información sobre los medios para los que trabajan, sus áreas de especialización o los programas en los que participan.

Sin embargo, la incorporación de valoraciones subjetivas sobre la ideología o las posiciones políticas de esos profesionales constituye el aspecto que ha generado la controversia en este caso.

Expertos en comunicación institucional recuerdan que las administraciones mantienen relaciones permanentes con cientos de periodistas y que la elaboración de directorios profesionales forma parte de la actividad ordinaria de los departamentos de prensa.

La cuestión que ahora centra el debate consiste en determinar hasta qué punto resulta adecuado incluir apreciaciones políticas o ideológicas dentro de ese tipo de documentos internos.

Mientras tanto, la controversia continúa generando repercusión política y mediática.

La evolución del caso dependerá de las explicaciones adicionales que pueda ofrecer el Ministerio del Interior, de las iniciativas parlamentarias que impulsen los distintos grupos políticos y de las posibles actuaciones que decidan emprender las organizaciones representativas del sector periodístico.