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El Tribunal de Instancia de Granada ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa penal abierta contra Juana Rivas por una presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja, Francesco Arcuri. La resolución, conocida este viernes, coincide con la petición formulada días antes por la Fiscalía de Granada, que consideró que la investigación no había reunido indicios suficientes para sostener una acusación penal. La decisión se produce mientras Arcuri continúa siendo juzgado en Italia por un presunto delito de malos tratos a sus hijos.
La Justicia española ha decidido archivar de forma provisional la segunda causa penal abierta contra Juana Rivas, uno de los casos de mayor repercusión judicial y mediática de los últimos años en España. La resolución pone fin, al menos por el momento, al procedimiento iniciado tras la denuncia presentada por su expareja, el ciudadano italiano Francesco Arcuri, quien la acusó de impedir el regreso a Italia del menor de sus hijos después del periodo vacacional de Navidad de 2024.
El auto ha sido dictado por el Tribunal de Instancia de Granada, que concluye que no existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal por un posible delito de sustracción de menores. La decisión sigue el criterio defendido por la Fiscalía de Granada, que la semana anterior ya había solicitado el archivo de las actuaciones al entender que la investigación desarrollada no había permitido reunir pruebas que justificaran la continuación del proceso.
El juzgado aprecia falta de indicios para continuar el procedimiento
La causa tuvo su origen en marzo de 2025, cuando Francesco Arcuri presentó una denuncia contra Juana Rivas después de que el menor permaneciera en España una vez concluidas las vacaciones navideñas.
El denunciante sostenía que la madre había incumplido las resoluciones judiciales relativas a la custodia y residencia habitual del hijo menor, cuya residencia se encuentra fijada en Italia.
A partir de esa denuncia se abrió una investigación penal destinada a determinar si la conducta de Rivas podía encajar en un delito de sustracción de menores previsto en el Código Penal.
Durante los meses siguientes se practicaron diversas diligencias para esclarecer los hechos y analizar la documentación aportada por ambas partes.
Tras examinar el conjunto de las actuaciones, la Fiscalía concluyó que las pruebas existentes no permitían sostener una acusación con las garantías exigidas por el ordenamiento jurídico.
El Ministerio Público señaló que no se habían obtenido indicios suficientes para acreditar la existencia del delito denunciado.
Sobre la base de ese criterio, el juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa.
El archivo provisional implica que el procedimiento queda cerrado mientras no aparezcan nuevos elementos que pudieran justificar su reapertura, conforme a lo previsto en la legislación procesal.
La resolución no supone un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto, sino que responde a la insuficiencia de indicios penales apreciada durante la investigación.
Las partes disponen de los mecanismos procesales previstos en la ley para recurrir la decisión si consideran que existen fundamentos para ello.
Un conflicto judicial que se prolonga desde hace años
El caso de Juana Rivas ha generado durante años numerosos procedimientos judiciales tanto en España como en Italia.
La disputa entre ambos progenitores gira en torno a la custodia y protección de sus hijos, así como a la ejecución de distintas resoluciones dictadas por tribunales de ambos países.
El conflicto adquirió una gran dimensión pública en 2017, cuando Juana Rivas permaneció durante semanas en paradero desconocido junto a sus hijos tras negarse a entregarlos a Francesco Arcuri en cumplimiento de una resolución judicial.
Aquellos hechos dieron lugar a un procedimiento penal que terminó con una condena por sustracción de menores.
Desde entonces, el caso ha continuado generando nuevos recursos, resoluciones y procedimientos relacionados con la situación familiar.
En paralelo, la defensa de Juana Rivas ha venido sosteniendo que la prioridad debe situarse en la protección de los menores y en el análisis de las denuncias presentadas por presuntos malos tratos.
Precisamente, los abogados de Rivas han recordado tras conocerse el archivo que Francesco Arcuri continúa siendo juzgado en Italia por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos.
Ese procedimiento permanece abierto ante la Justicia italiana y todavía no existe una resolución firme.
La defensa considera que dicho proceso constituye un elemento relevante dentro del conjunto del conflicto judicial que mantienen ambas partes.
Por su parte, Arcuri siempre ha rechazado las acusaciones formuladas contra él y ha defendido su actuación ante los tribunales.
El caso sigue abierto en otras jurisdicciones
Aunque el archivo de esta causa supone un nuevo pronunciamiento favorable para Juana Rivas en el ámbito penal español, el conflicto judicial entre ambos progenitores dista de haber concluido.
Existen procedimientos pendientes tanto en España como en Italia relacionados con la situación de los menores y con las resoluciones sobre custodia y protección.
Las decisiones adoptadas por los tribunales de ambos países han obligado durante los últimos años a una coordinación entre jurisdicciones en aplicación de la normativa europea e internacional sobre derecho de familia.
El interés superior del menor continúa siendo el principio rector que guía las distintas resoluciones judiciales adoptadas en este complejo litigio.
Los tribunales deben valorar aspectos relacionados con la protección de los hijos, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y las garantías procesales de ambas partes.
La resolución conocida este viernes únicamente afecta al procedimiento penal iniciado tras la denuncia presentada en marzo de 2025.
No modifica por sí sola otras decisiones judiciales vigentes ni altera automáticamente la situación jurídica de los menores.
El desarrollo de los procesos abiertos en Italia y de cualquier otro procedimiento pendiente seguirá condicionando la evolución del caso en los próximos meses.
Mientras tanto, la decisión del Tribunal de Instancia de Granada representa un nuevo capítulo en un litigio que continúa siendo uno de los más complejos y prolongados del ámbito del derecho de familia en España.
La evolución de los distintos procedimientos judiciales determinará cuáles serán los próximos pasos tanto de las defensas como de las autoridades judiciales de ambos países, en un caso que mantiene una importante dimensión jurídica y social y cuyo desenlace definitivo continúa pendiente.
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