La UCO pide a Pedraz bloquear cuentas en Portugal vinculadas a Víctor de Aldama tras rastrear transferencias de 78,3 millones del fraude de hidrocarbu

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el bloqueo de varias cuentas bancarias en Portugal presuntamente vinculadas al empresario Víctor de Aldama y a otros integrantes de la trama del fraude de hidrocarburos. Según un oficio de la UCO remitido al magistrado el pasado día 9, al que ha tenido acceso RTVE, los agentes han identificado transferencias por valor de 78,3 millones de euros desde empresas de la trama hacia sociedades y cuentas radicadas en territorio portugués. La investigación sitúa a Víctor de Aldama al frente de la estructura.
La petición amplía el perímetro patrimonial de la causa más allá de las fronteras españolas y refuerza la línea de seguimiento del dinero presuntamente desviado.
El oficio de la UCO y las transferencias de 78,3 millones
En el documento enviado a Pedraz, la Unidad Central Operativa detalla el rastro de fondos detectado en el marco de la investigación sobre el fraude de hidrocarburos. Los investigadores han localizado movimientos por 78,3 millones de euros originados en empresas vinculadas a la trama y dirigidos a sociedades y cuentas situadas en Portugal.
El volumen de las transferencias sitúa el caso en una dimensión económica elevada. No se trata de operaciones aisladas de pequeño importe, sino de un flujo sostenido que, según la UCO, conecta el núcleo de la organización en España con instrumentos financieros en el país vecino. El oficio solicita el bloqueo de esas cuentas para impedir la disposición de los saldos y preservar posibles responsabilidades civiles y penales.
El juez Santiago Pedraz, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, debe resolver ahora si autoriza las medidas cautelares pedidas por la Guardia Civil y articula la cooperación judicial con las autoridades portuguesas.
Víctor de Aldama en el centro de la estructura
La investigación sitúa a Víctor de Aldama al frente de la estructura investigada. El empresario aparece como pieza central en el diseño y la operativa de las sociedades utilizadas para canalizar el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. La UCO vincula a su entorno tanto el origen de las transferencias como el control de parte de los destinos societarios en Portugal.
Aldama ya figuraba en actuaciones previas de la causa. La petición de bloqueo de cuentas en el extranjero refuerza la tesis de que parte de los beneficios presuntamente obtenidos se habrían desplazado fuera de España para dificultar su localización y recuperación. La medida cautelar busca, precisamente, cortar esa vía de escape patrimonial.
Cualquier decisión sobre el bloqueo deberá respetar las garantías procesales y el derecho de defensa de los investigados. La presunción de inocencia se mantiene hasta que existan resoluciones firmes que determinen responsabilidades.
El fraude de hidrocarburos y el circuito del dinero
El llamado fraude de hidrocarburos agrupa diversas piezas de investigación centradas en el uso de sociedades interpuestas, la elusión de impuestos especiales y el desvío de fondos en el comercio de carburantes. Las tramas de este tipo suelen combinar facturación ficticia, empresas pantalla y cuentas en jurisdicciones próximas para circula el dinero con menor control inmediato.
Portugal, por su cercanía geográfica y su integración en el espacio europeo, aparece con frecuencia en circuitos financieros de operaciones iniciadas en España. La identificación de 78,3 millones en transferencias hacia ese país no implica, por sí sola, la ilicitud de cada movimiento; sí justifica, a juicio de la UCO, una intervención cautelar para congelar los saldos mientras se completa el rastreo.
La cooperación entre la Audiencia Nacional y las autoridades judiciales portuguesas será clave. El bloqueo de cuentas en otro Estado miembro requiere canales formales de auxilio judicial y el respeto de los procedimientos locales. El oficio del día 9 inicia ese camino al poner sobre la mesa del juez los datos ya contrastados por los agentes.
Alcance de la medida y siguientes pasos
Si Pedraz autoriza el bloqueo, las cuentas afectadas quedarán inmovilizadas de forma cautelar. Eso impedirá nuevas disposiciones y facilitará, en su caso, futuras órdenes de decomiso o de restitución. La UCO continuará, en paralelo, el análisis de la red societaria y de posibles titulares interpuestos que puedan ocultar la identidad de los beneficiarios reales.
La investigación no se limita a Aldama. El oficio se refiere también a “otros integrantes de la trama”, lo que abre la puerta a medidas similares contra cuentas y sociedades vinculadas a coimputados o a testaferros. El mapa patrimonial de la causa se extiende así de España a Portugal y, eventualmente, a otras jurisdicciones si el rastro del dinero lo exige.
El acceso de RTVE al contenido del oficio ha permitido conocer la cifra de 78,3 millones y el destino portugués de los fondos. La publicidad de esos datos aumenta la presión sobre la instrucción para avanzar con rapidez en las medidas de aseguramiento.
Después del oficio del día 9
La petición de la UCO al juez Pedraz marca un punto de inflexión en el seguimiento económico del fraude de hidrocarburos. Con 78,3 millones de euros rastreados hacia Portugal y con Víctor de Aldama situado al frente de la estructura, la investigación busca cerrar el círculo patrimonial de la trama. El bloqueo de cuentas, si se confirma, no prejuzga la culpabilidad de los investigados, pero sí limita su capacidad de disponer de fondos mientras la Audiencia Nacional dilucida el alcance real del fraude y las responsabilidades de cada uno de sus presuntos responsables.




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