El Congreso rechaza los dos decretos de vivienda del Gobierno tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y otros grupos parlamentarios.
El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros al no obtener la mayoría necesaria para su convalidación. El primer texto fue rechazado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que el segundo, relativo a la renovación automática de contratos de alquiler, también recibió el rechazo de PNV y Coalición Canaria, ampliando la diferencia en la votación.
El Congreso impide la convalidación de los dos decretos de vivienda
El Gobierno ha sufrido un revés parlamentario al no lograr la convalidación de ninguno de los dos reales decretos de vivienda que habían sido aprobados por el Consejo de Ministros y publicados posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ambas normas necesitaban el respaldo del Congreso de los Diputados para mantenerse en vigor, al tratarse de reales decretos ley cuya continuidad depende de la aprobación de la Cámara Baja.
El primero de los textos, centrado en medidas de protección frente a los desahucios y en actuaciones destinadas a reforzar la estabilidad de determinados inquilinos, fue rechazado por 178 votos frente a 172 apoyos.
Los votos en contra correspondieron a Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
A favor se pronunciaron PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria.
La diferencia de seis votos resultó suficiente para impedir que el decreto continuara vigente.
El resultado puso de manifiesto la dificultad del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria estable en torno a una de sus principales iniciativas en materia de vivienda.
Durante los días previos a la votación, el Gobierno había mantenido contactos con diferentes grupos políticos para intentar asegurar los apoyos necesarios.
Sin embargo, la negativa anunciada por Junts y el rechazo mantenido por PP y Vox terminaron siendo determinantes para el desenlace de la sesión.
El fracaso parlamentario obliga ahora al Ejecutivo a estudiar nuevas alternativas legislativas si pretende volver a impulsar medidas similares.
El segundo decreto obtiene un rechazo aún mayor
El segundo real decreto, centrado en la renovación automática de determinados contratos de alquiler, obtuvo un resultado todavía más desfavorable para el Gobierno.
La iniciativa fue rechazada por 184 votos frente a 166 apoyos.
En esta ocasión, además de Partido Popular, Vox, Junts y UPN, también votaron en contra el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria.
El cambio de posición respecto al primer decreto amplió la diferencia entre los votos favorables y los contrarios.
El texto había permanecido en vigor únicamente durante unas horas desde su publicación oficial antes de quedar sin efecto tras la decisión del Congreso.
Las discrepancias de algunos grupos parlamentarios se centraban en diferentes aspectos relacionados con la regulación de los contratos de alquiler y el reparto de competencias entre las distintas administraciones.
PNV y Coalición Canaria ya habían anticipado antes de la votación que no respaldarían esta segunda iniciativa al considerar que determinados elementos del decreto no respondían a sus planteamientos.
Junts, por su parte, había defendido la retirada de ambos decretos y había anunciado la preparación de una propuesta alternativa para abrir una nueva negociación con el Gobierno.
El Ejecutivo había reconocido durante las horas previas que el segundo decreto contaba con menos posibilidades de ser convalidado debido a la distribución de apoyos parlamentarios.
La votación confirmó finalmente ese escenario y dejó sin efecto las medidas previstas en la norma.
El Gobierno deberá replantear su estrategia parlamentaria en vivienda
El rechazo simultáneo de los dos decretos supone uno de los principales reveses parlamentarios sufridos por el Ejecutivo en la presente legislatura.
La vivienda se ha convertido en uno de los asuntos centrales del debate político debido al incremento del precio del alquiler, las dificultades de acceso a una vivienda y la situación de determinados colectivos vulnerables.
El Gobierno había presentado ambos decretos como parte de su estrategia para reforzar la protección de los inquilinos y responder a algunos de los problemas detectados en el mercado residencial.
Los partidos que votaron en contra sostienen, sin embargo, que las medidas incluidas en los textos no resolvían las dificultades estructurales del mercado o planteaban problemas competenciales y económicos.
Tras el resultado de las votaciones, el Ejecutivo deberá decidir si impulsa nuevas iniciativas legislativas o si abre una nueva ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar construir una mayoría alternativa.
Junts ya ha manifestado su intención de presentar una propuesta propia en materia de vivienda como punto de partida para una eventual negociación.
El desenlace de la sesión parlamentaria vuelve a evidenciar la complejidad de la aritmética del Congreso, donde el Gobierno necesita acuerdos con distintas fuerzas para sacar adelante buena parte de sus iniciativas.
La pérdida de los dos decretos obliga ahora a revisar la hoja de ruta del Ejecutivo en una materia considerada prioritaria dentro de su agenda política.
Las próximas semanas serán determinantes para conocer si el Gobierno opta por presentar nuevos textos, modificar el contenido de las medidas rechazadas o buscar un acuerdo parlamentario más amplio que permita recuperar parte de las iniciativas que no han logrado superar el trámite de convalidación.





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