El Congreso rechaza el primer decreto de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts frente al apoyo de PSOE, Sumar y sus socios.
El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes el primero de los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros después de que PP, Vox y Junts votaran en contra. La iniciativa obtuvo 171 apoyos frente a 178 votos negativos, lo que impide su convalidación parlamentaria. Tras conocerse el resultado, se produjeron protestas a las puertas de la Cámara Baja.
El decreto de protección frente a desahucios no supera la votación
El Congreso de los Diputados ha rechazado el primero de los dos reales decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, una norma que incluía medidas de protección frente a los desahucios y actuaciones destinadas a reforzar la estabilidad de los inquilinos.
La votación terminó con 178 votos en contra frente a 171 votos favorables, según el resultado registrado en el Pleno.
Los votos negativos correspondieron al Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, formaciones que sumaron la mayoría suficiente para impedir la convalidación del decreto.
En el bloque favorable se situaron PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria, que respaldaron el mantenimiento de la norma.
El resultado supone un revés parlamentario para el Gobierno, que había defendido el decreto como una herramienta para abordar algunos de los principales problemas relacionados con el acceso a la vivienda.
El texto rechazado recogía medidas dirigidas a proteger a determinados colectivos vulnerables frente a procedimientos de desahucio, además de incorporar otros mecanismos relacionados con la estabilidad residencial.
La iniciativa formaba parte de un paquete de dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros y publicados posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ambos textos requerían la aprobación del Congreso para continuar vigentes, al tratarse de normas con rango de real decreto ley.
La votación se produjo en un contexto de intensas negociaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios durante los días previos.
La posición de Junts resultó determinante para el desenlace, después de que la formación catalana reclamara la retirada de los decretos y planteara la elaboración de una nueva propuesta negociada.
El rechazo del primer decreto modifica el escenario previsto por el Ejecutivo y obliga a replantear la estrategia legislativa en materia de vivienda.
La aritmética parlamentaria deja sin respaldo suficiente al Gobierno
El resultado de la votación refleja la dificultad del Gobierno para reunir mayorías estables en una Cámara Baja fragmentada.
Los 178 votos contrarios de PP, Vox y Junts superaron los 171 apoyos obtenidos por el bloque favorable a la iniciativa.
La diferencia de siete votos fue suficiente para impedir la aprobación de una medida que había generado posiciones enfrentadas entre los distintos grupos políticos.
Durante las negociaciones previas, el Gobierno había buscado mantener el respaldo de sus socios parlamentarios habituales y alcanzar acuerdos con otras formaciones.
Sin embargo, la negativa de Junts a facilitar la aprobación del decreto terminó siendo uno de los factores decisivos.
La formación catalana había cuestionado algunos aspectos de la norma por considerar que podía trasladar responsabilidades y costes adicionales a las administraciones autonómicas.
Además, Junts había defendido la necesidad de elaborar un nuevo texto que incorporase sus propuestas en materia de vivienda.
El Partido Popular y Vox también habían anunciado su rechazo al decreto por discrepancias con el contenido de las medidas planteadas por el Ejecutivo.
La oposición había criticado diferentes elementos de la regulación, especialmente aquellos relacionados con la intervención pública en el mercado de la vivienda.
Con la votación definitiva, el Gobierno pierde una de las iniciativas legislativas vinculadas a su política residencial y deberá valorar nuevas alternativas para avanzar en esta materia.
El resultado también evidencia la importancia de los acuerdos parlamentarios en una legislatura en la que el Ejecutivo necesita sumar apoyos de diferentes fuerzas políticas para aprobar sus propuestas.
Protestas frente al Congreso tras el rechazo de la norma
Tras conocerse el resultado de la votación, varios grupos de manifestantes concentrados en las inmediaciones del Congreso expresaron su rechazo al resultado mediante consignas relacionadas con la vivienda.
Los participantes corearon mensajes como "Su beneficio, nuestra miseria" y realizaron llamamientos a favor de una huelga general.
La concentración se desarrolló en las proximidades de la Cámara Baja mientras finalizaba la sesión parlamentaria.
Las protestas reflejan el debate social existente en torno al acceso a la vivienda, una cuestión que se ha convertido en uno de los principales asuntos de preocupación ciudadana.
El encarecimiento de los alquileres, la dificultad de acceso a una vivienda y la situación de determinados colectivos vulnerables han situado esta materia en el centro de la agenda política.
Las organizaciones sociales y los colectivos vinculados a la vivienda han reclamado durante los últimos meses nuevas medidas para aumentar la protección de los inquilinos y facilitar el acceso residencial.
Por su parte, los partidos que rechazaron el decreto defienden enfoques diferentes sobre la regulación del mercado y el papel que deben desempeñar las administraciones públicas.
El segundo real decreto de vivienda también afrontaba una situación complicada antes de la votación, debido a la falta de apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios.
Su contenido estaba relacionado con cambios en los contratos de alquiler y había recibido el rechazo anunciado de algunas formaciones que sí habían apoyado parcialmente el primer texto.
El rechazo del primer decreto abre ahora un nuevo escenario político en torno a la vivienda y obliga al Gobierno a decidir si impulsa nuevas medidas o inicia una nueva negociación con los grupos parlamentarios.
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