El Gobierno de España ha emitido un ultimátum al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que, en un plazo de un mes a partir del 11 de agos...
El Gobierno de España ha emitido un ultimátum al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que, en un plazo de un mes a partir del 11 de agosto de 2025, revoque un acuerdo aprobado por el Partido Popular (PP) y Vox que prohíbe los rezos y celebraciones religiosas musulmanas, como el Aid el-Fitr y la Fiesta del Cordero, en instalaciones deportivas municipales. El requerimiento, liderado por la Delegación del Gobierno en Murcia y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, argumenta que la medida vulnera el derecho a la libertad religiosa, protegido por el artículo 16 de la Constitución Española, y carece de justificación objetiva, ya que las normativas permiten el uso de polideportivos para actividades socioculturales. Si el consistorio, gobernado por la alcaldesa Seve González (PP), no anula el acuerdo o comunica su negativa dentro del plazo, el Ejecutivo iniciará acciones legales a través de la Abogacía del Estado en los juzgados de lo contencioso-administrativo.
El conflicto comenzó el 28 de julio de 2025, cuando el pleno municipal aprobó una moción presentada por el concejal de Vox, Juan Agustín Navarro, con el apoyo del PP, que gobierna en minoría gracias a Vox. La moción original buscaba prohibir específicamente celebraciones islámicas, argumentando que eran contrarias a la "identidad del pueblo español". Tras enmiendas del PP, se aprobó una normativa más general que veta actos religiosos, culturales o sociales no organizados por el ayuntamiento en instalaciones deportivas. Esto afecta directamente a la comunidad musulmana de Jumilla, de unos 1.500 miembros en un municipio de 27.000 habitantes, que utilizaba el polideportivo para estas festividades por falta de espacios adecuados. La medida ha sido interpretada como una restricción discriminatoria, dado que las celebraciones musulmanas se realizaban sin incidentes desde hace años.
El requerimiento del Gobierno, firmado por la delegada María Dolores Guevara, sostiene que el acuerdo incurre en una desviación de poder al usar competencias municipales para fines ideológicos, sin acreditar perturbaciones al orden público o conflictos de uso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió la intervención en X, destacando que el Gobierno frenará las "medidas ultras" de PP y Vox para proteger los derechos constitucionales. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, añadió que la intolerancia no tiene cabida y que no se puede restringir selectivamente la libertad de culto. El Ejecutivo considera que las declaraciones de Vox, que señalaban explícitamente las festividades musulmanas, revelan una intención discriminatoria.
La medida ha generado una fuerte controversia. La Conferencia Episcopal Española rechazó el veto, defendiendo el derecho a manifestaciones religiosas públicas. Organizaciones como la Junta Islámica y la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes han denunciado la moción como xenófoba. Ahmed Khalifa, presidente de esta última, expresó su decepción por la pérdida de derechos, mientras que Walid Habbal, de la Comisión Islámica de Murcia, pidió diálogo para fomentar la convivencia. La comunidad musulmana de Jumilla, bien integrada en un municipio con comercios y tradiciones mixtas, teme un retroceso en la cohesión social.
El PP ha negado que la moción apunte específicamente a los musulmanes, acusando al PSOE de generar una "polémica falsa" y defendiendo la libertad de culto. Vox, por su parte, ha celebrado la medida como una defensa de las "raíces cristianas". La alcaldesa González indicó que ningún técnico municipal cuestionó la legalidad del acuerdo antes de su aprobación, pero el ayuntamiento está elaborando un informe jurídico-técnico para evaluar su viabilidad. Si los técnicos lo declaran ilegal, el consistorio podría anularlo voluntariamente.
El caso se produce en un contexto de tensión tras disturbios racistas en Torre Pacheco, Murcia, en julio de 2025, que avivaron el debate sobre la convivencia. El Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia del Gobierno seguirá de cerca posibles discursos de odio derivados de esta medida, que considera parte de una "deriva extremista" de PP y Vox. La Federación Española de Municipios y Provincias ha defendido el respeto a la diversidad religiosa, subrayando el compromiso municipal con la libertad de culto.
Jumilla tiene hasta el 11 de septiembre de 2025 para responder. Si no revoca el acuerdo, el Gobierno acudirá a los tribunales, como ya hizo en casos como las restricciones al aborto en Castilla y León o el "pin parental" en Murcia. Este conflicto podría sentar un precedente para medidas municipales similares y reforzar la vigilancia contra iniciativas que vulneren derechos fundamentales, en un momento en que la libertad religiosa y la convivencia están en el centro del debate político y social en España.
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