Ábalos se niega a declarar en el supremo por la trama de mordidas: Fiscalía sanchista rechaza prisión provisional

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido este martes ante el Tribunal Supremo en una vista marcada por su negativa a d...

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido este martes ante el Tribunal Supremo en una vista marcada por su negativa a declarar sobre la trama de mordidas y comisiones ilegales que salpica a su entorno, una postura que ha intensificado la presión judicial sobre el PSOE y ha dejado al Alto Tribunal en una encrucijada procesal. Ábalos, de 65 años y exnúmero tres del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho constitucional a no autoincriminarse, limitándose a responder preguntas de su defensa antes de abandonar la sala sin pronunciar una palabra sobre los cargos de malversación, cohebrío y tráfico de influencias que pesan sobre él. Esta comparecencia, la primera tras el informe explosivo de la Unidad Central Operativa (UCO) que detalla una red de pagos en efectivo y sobres, ha coincidido con la decisión de la Fiscalía, alineada con el Gobierno, de rechazar solicitar su ingreso en prisión provisional, una medida que podría haber evitado riesgos de fuga o destrucción de pruebas, dejando el caso en un limbo que beneficia al exdirigente socialista.

La vista, presidida por el magistrado Leopoldo Puente, duró apenas 45 minutos, con Ábalos entrando escoltado por abogados y saliendo sin mediar palabra con la prensa, que lo aguardaba en los pasillos del Supremo. Su silencio, justificado por su letrado como "estrategia defensiva", responde a la complejidad de la trama Koldo, donde se le acusa de recibir mordidas del 5% en contratos de mascarillas por valor de 53 millones durante la pandemia, con pagos en mano que suman al menos 1,5 millones de euros. El informe de la UCO, que incluye mensajes de WhatsApp de 2018 a 2022, detalla cómo Ábalos recibía "chistorras" —eufemismo para billetes— en sobres de Ferraz, la sede del PSOE, y coordinaba entregas con su exasesor Koldo García, quien actuaba como intermediario para empresas como Soluciones de Gestión. La Fiscalía, dirigida por Álvaro García Ortiz —cercano al entorno sanchista—, ha argumentado que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas, rechazando la prisión provisional solicitada por la acusación popular Manos Limpias, una decisión que ha sido calificada como "protección política" por la oposición.

Esta comparecencia llega tras meses de dilaciones, con Ábalos invocando su derecho a no declarar en tres ocasiones previas, una táctica que su defensa usa para ganar tiempo mientras se acumulan pruebas como grabaciones de reuniones con empresarios y transacciones bancarias sospechosas. El exministro, que dimitió en 2021 tras el estallido de la trama, ha mantenido un perfil bajo, pero su silencio en el Supremo ha intensificado las sospechas, especialmente tras el informe que revela una 'caja B' en su despacho con fajos de 500 euros envueltos en sobres. La Fiscalía, criticada por su proximidad al PSOE, ha optado por una vía cautelosa, priorizando el juicio oral en lugar de medidas preventivas, una estrategia que el PP y Vox ven como favoritismo, exigiendo la dimisión de García Ortiz y una comisión de investigación parlamentaria.

El caso Ábalos salpica al PSOE y al Gobierno de Sánchez, con Koldo García, su exasesor, ya imputado por cohebrío en contratos de mascarillas inflados en un 200%. Los mensajes intervenidos, como el de septiembre de 2018 donde Koldo coordina "folios" —billetes— para Ábalos, pintan un cuadro de corrupción sistémica que podría extenderse a otros cargos. Sánchez, que ha evitado pronunciarse directamente, ha delegado en su portavoz, quien reitera la presunción de inocencia, pero la presión interna crece, con barones regionales como Emiliano García-Page distanciándose y Sumar pidiendo transparencia.

Económicamente, el escándalo podría derivar en decomisos de 10 millones en contratos irregulares, impactando las arcas del PSOE. Socialmente, ha polarizado, con el 60% de encuestados en el CIS creyendo en una 'caja B' partidista. Políticamente, fortalece a la oposición de cara a 2026, dejando un legado de desconfianza que podría erosionar al PSOE. Con el Supremo pendiente de suplicatorios, la negativa de Ábalos y la Fiscalía sanchista a prisión provisional resalta la tensión entre justicia y política, en un caso que podría ser el detonante de una crisis mayor.