El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la aprobación de una deducción de 95 euros mensuales en las nóminas de todos los trabajador...
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la aprobación de una deducción de 95 euros mensuales en las nóminas de todos los trabajadores en España, tanto por cuenta propia como ajena, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como parte de una reforma del sistema de Seguridad Social para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, implica que cada trabajador verá reducida su retención mensual en esa cantidad, sin que esta contribución adicional repercuta en el cálculo de su pensión futura. La decisión, que afecta a más de 20 millones de cotizantes, ha desatado un debate nacional sobre equidad fiscal y el impacto en el poder adquisitivo, con sindicatos y empresarios divididos ante las implicaciones económicas y sociales.
La deducción, enmarcada en el Real Decreto-ley 12/2025, responde a la presión sobre las arcas de la Seguridad Social, que enfrenta un déficit crónico estimado en 19,000 millones de euros para 2025, agravado por el envejecimiento poblacional y el aumento del gasto en pensiones. El Gobierno argumenta que los 95 euros mensuales —equivalentes a 1,140 euros anuales por trabajador— generarán un fondo adicional de 22,800 millones anuales, destinados a reforzar el sistema y evitar ajustes futuros en las prestaciones. Sin embargo, la clave está en que esta aportación no computará para la base reguladora de las pensiones, una decisión que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones justifica como un "esfuerzo colectivo" para proteger a las generaciones futuras, pero que ha sido criticada como un recorte encubierto a los derechos adquiridos.
El impacto será inmediato para los trabajadores. Desde enero, autónomos y asalariados verán reflejada la deducción en sus recibos, con la Seguridad Social ajustando automáticamente las retenciones a través de las empresas y la Agencia Tributaria. Para un trabajador medio con un salario de 2,000 euros brutos mensuales, esto representa una reducción neta de cerca del 4.75%, un golpe significativo en un contexto de inflación del 2.8% y estancamiento salarial. Los autónomos, que ya enfrentan cuotas variables, han expresado preocupación por la carga adicional, mientras las empresas temen un impacto en la competitividad, con la CEOE calculando un coste indirecto de 5,000 millones en ajustes administrativos.
La oposición ha reaccionado con dureza. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, lo ha calificado como "un impuesto encubierto" que castiga a la clase media, exigiendo su derogación y proponiendo un fondo de reserva alternativo. Vox ha ido más allá, denunciando una "expropiación socialista" y prometiendo movilizaciones, mientras Ciudadanos aboga por vincular la deducción al crecimiento económico. Sindicatos como CCOO y UGT han convocado reuniones de urgencia, considerando una huelga general si no se negocia, argumentando que los 95 euros son un recorte real sin contrapartida pensionística, afectando especialmente a jóvenes con salarios bajos.
El Gobierno defiende la medida como un "pacto intergeneracional", destacando que el fondo recaudado se invertirá en modernización tecnológica de la Seguridad Social y en amortiguar el impacto del aumento de la esperanza de vida, que elevará el gasto pensionario a 180,000 millones en 2030. Sin embargo, economistas advierten que la falta de incentivo para las pensiones podría desmotivar a los cotizantes, con un 60% de encuestados en un sondeo de El País mostrando rechazo. Socialmente, ha generado indignación en redes con hashtags como #Noa95Euros, mientras el PSOE insiste en que es un sacrificio temporal para evitar un colapso del sistema.
Económicamente, la deducción podría estabilizar las finanzas públicas a corto plazo, pero arriesga una caída del consumo interno, con un impacto estimado de 10,000 millones en el PIB anual. Políticamente, Sánchez enfrenta una prueba de fuego, con la izquierda de su coalición y Sumar cuestionando la medida, y la oposición ganando terreno antes de 2026. Con el BOE sellando la norma, la implementación dependerá de la respuesta social, dejando un legado de tensión entre sostenibilidad y equidad en la seguridad social española.
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