VOX exige aclaraciones al Consejo de la UE y al Gobierno de Sánchez por la retirada de ETA de la lista europea de organizaciones terroristas

El partido Vox (España) ha reclamado explicaciones formales y la asunción de responsabilidades políticas tras conocerse que la organización ...

El partido Vox (España) ha reclamado explicaciones formales y la asunción de responsabilidades políticas tras conocerse que la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna ya no figura en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea. La formación considera que esta circunstancia supone un grave error político y un mensaje equivocado a las víctimas del terrorismo, además de generar dudas sobre el papel desempeñado tanto por el Gobierno español como por las instituciones comunitarias en la actualización de dicho registro.

Según ha denunciado VOX, la desaparición de ETA del listado europeo no puede interpretarse como un simple trámite técnico, sino como una decisión con una fuerte carga simbólica y política. Desde la formación subrayan que, aunque la banda anunció el cese definitivo de su actividad armada en 2011 y su disolución en 2018, sigue existiendo una estructura de apoyo social, político y logístico en el entorno del antiguo entramado terrorista. En este contexto, VOX sostiene que retirar a ETA de la lista supone blanquear su pasado criminal y debilitar el relato institucional contra el terrorismo.

La formación ha dirigido sus exigencias tanto al Consejo de la Unión Europea como al Ejecutivo español encabezado por Pedro Sánchez, a quienes pide que aclaren qué posición defendió España en el proceso de revisión del listado y si el Gobierno participó activamente en la decisión o la consintió sin objeciones. VOX considera especialmente preocupante que no se haya ofrecido una explicación pública detallada sobre los criterios concretos que han motivado la exclusión de la banda.

Desde el partido se insiste en que la Unión Europea mantiene este registro de organizaciones terroristas como una herramienta fundamental para la cooperación judicial, el control de activos financieros y la prevención de actividades de apoyo a grupos violentos. Por ello, advierten de que sacar a ETA del listado podría dificultar futuras investigaciones relacionadas con redes de financiación, movimientos de antiguos miembros o actividades de enaltecimiento y apoyo indirecto al terrorismo.

VOX ha vinculado además esta situación al actual escenario político nacional, marcado por la dependencia parlamentaria del Gobierno de formaciones que, según su discurso, proceden del entorno ideológico que durante años justificó o amparó a la organización terrorista. En este sentido, la formación sostiene que la retirada de ETA del listado europeo no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de un contexto más amplio de concesiones políticas al independentismo y al mundo abertzale.

El partido ha anunciado que llevará el asunto al Parlamento español y al Parlamento Europeo, solicitando comparecencias de responsables gubernamentales y la remisión de toda la documentación relacionada con el procedimiento seguido para la actualización de la lista. Su objetivo, aseguran, es determinar si se han producido omisiones, falta de diligencia o una actuación deliberada para facilitar la salida de ETA del registro comunitario.

Desde el entorno de VOX también se ha recalcado que la exclusión de una organización terrorista del listado europeo no equivale a una rehabilitación moral ni histórica, pero sí tiene consecuencias políticas relevantes. En su opinión, la Unión Europea debería mantener una posición firme frente a cualquier grupo que haya ejercido el terrorismo, especialmente cuando existen miles de víctimas directas que todavía reclaman verdad, justicia y memoria.

Por el momento, ni el Consejo de la Unión Europea ni el Gobierno español han ofrecido una respuesta detallada a las acusaciones de VOX, más allá de recordar en anteriores ocasiones que la lista se revisa periódicamente en función de criterios jurídicos y de la existencia de resoluciones judiciales en vigor. Sin embargo, la polémica ha reabierto el debate sobre cómo deben gestionarse, desde las instituciones europeas, los legados del terrorismo en los Estados miembros y hasta qué punto la desaparición operativa de una organización justifica su retirada de los instrumentos de vigilancia y control comunitarios.