Elisa Mouliaá denuncia “violencia institucional” tras una redada en su tienda de cannabis y vincula el operativo a su batalla judicial contra Íñigo Errejón

La actriz Elisa Mouliaá ha intensificado su estrategia legal en medio de su prolongado enfrentamiento judicial con el exdiputado Íñigo Errej...

La actriz Elisa Mouliaá ha intensificado su estrategia legal en medio de su prolongado enfrentamiento judicial con el exdiputado Íñigo Errejón. De la mano de su nueva abogada, María Yurena Carrillo Ramos, especialista en compliance y anticorrupción, la intérprete ha presentado una nueva batería de denuncias que incluyen presuntos delitos de calumnias, contra el honor y revelación de secretos contra Errejón, al tiempo que ha formalizado una querella por lo que describe como “violencia institucional”. 

Según un comunicado difundido por su representación legal y adelantado por El Mundo, Mouliaá considera que está sufriendo un trato desproporcionado, lesivo y profundamente dañino tanto a nivel jurídico como mediático. Este desgaste, señala, se ha visto agravado por un importante impacto emocional, económico y reputacional, en un contexto de intensa exposición pública que se remonta a su denuncia inicial por agresión sexual presentada en 2024. 

Uno de los episodios que más ha destacado la actriz es una actuación policial en su establecimiento Greenery Ponzano, ubicado en la conocida calle Ponzano de Madrid, dedicada a la venta de productos de cannabis, principalmente CBD. Según su versión, durante el operativo las autoridades intervinieron material valorado en más de 3.000 euros. Mouliaá vincula directamente esta acción con una posible campaña de represalia relacionada con su proceso judicial contra Errejón, aunque la nota de su abogada no detalla los motivos exactos de la intervención policial ni el tipo concreto de productos incautados. Los artículos, según ha manifestado en ocasiones anteriores, corresponden a cannabis medicinal analizado en laboratorios.

La intérprete mantiene que estos hechos forman parte de un patrón más amplio de vulneración de sus derechos fundamentales, que incluye también otros incidentes como una grave inundación en su vivienda habitual provocada por la rotura de una tubería comunitaria, con importantes daños materiales. Todo ello, argumenta su defensa, contribuye a un escenario de acoso que afecta su salud y su estabilidad. 

María Yurena Carrillo Ramos ha asumido la dirección letrada de estas nuevas acciones, que buscan proteger la intimidad, el honor y la tutela judicial efectiva de Mouliaá. La letrada ha subrayado que la exclusión de ciertos fragmentos de conversaciones privadas habría alterado el sentido global de los hechos difundidos públicamente, ofreciendo una versión parcial que perjudica a su representada. Se espera que en los próximos días la abogada pueda comparecer públicamente para ampliar detalles sobre las medidas adicionales que se encuentran en estudio.

Este nuevo capítulo llega mientras el procedimiento principal por la denuncia de agresión sexual de 2024 sigue su curso en los tribunales sin una resolución definitiva. Mouliaá ha vivido altibajos en el caso, incluyendo momentos en los que valoró retirar la acusación por motivos de salud, aunque posteriormente decidió continuar. La actriz ha insistido en que no busca protagonismo ni compensaciones económicas, sino justicia y visibilizar una situación que, a su juicio, trasciende el ámbito personal. 

El entorno de la intérprete describe un panorama de presión constante que combina elementos judiciales, mediáticos y ahora operativos policiales. Desde su denuncia inicial contra Errejón —en la que relató tocamientos y comportamientos no consentidos durante una noche de 2021—, Mouliaá ha visto cómo su vida personal y profesional se veía afectada, incluyendo el cierre temporal de su tienda online de CBD poco después de hacerse pública la acusación. 

Con esta nueva estrategia, la actriz busca no solo responder a las querellas cruzadas —Errejón la ha denunciado por calumnias—, sino también denunciar lo que percibe como un uso indebido de instituciones y medios en su contra. El caso continúa generando atención mediática y polarizando opiniones, mientras los tribunales deben dirimir entre las versiones enfrentadas en uno de los procedimientos más seguidos de los últimos años en el panorama político y social español.