La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado en un informe reciente una grabación comprometedora en la que Koldo Gar...
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado en un informe reciente una grabación comprometedora en la que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, afirma que existía un sistema organizado para blanquear comisiones ilegales, conocido supuestamente «por todos los ministros» del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta revelación, incluida en un informe de 490 páginas entregado el 5 de junio de 2025 al Tribunal Supremo, ha desencadenado una tormenta política en España, intensificando las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción vinculada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante la pandemia y más allá.
En la grabación, obtenida de dispositivos incautados a Koldo García durante su detención el 20 de febrero de 2024, este describe con detalle un mecanismo para camuflar mordidas mediante facturas ficticias por servicios de consultoría que nunca se prestaban. Según el informe de la UCO, Koldo explica en una conversación con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, cómo las empresas adjudicatarias de contratos públicos pagaban a consultoras controladas por la red, generando ingresos millonarios sin levantar sospechas contables. Koldo asegura: «Eso lo sabe todo el mundo, si esto lo hacen todos… todos los ministros», sugiriendo una práctica generalizada y aceptada en el entorno político del Gobierno. La UCO destaca la «naturalidad» con la que los implicados discutían estas operaciones, lo que sugiere que eran conocidas y posiblemente compartidas por el núcleo político cercano.
El informe detalla que este sistema no solo permitía enriquecer a los involucrados, como Koldo, Ábalos y Cerdán, sino que también habría servido para financiar estructuras del PSOE de manera opaca. Entre las empresas señaladas figuran gigantes como Acciona, que habrían obtenido contratos millonarios, como adjudicaciones en Murcia por 280 millones de euros, a cambio de pagos de comisiones que ascendían a 550.000 euros en algunos casos. Otras licitaciones en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat habrían generado 450.000 euros adicionales en mordidas, según las grabaciones. La UCO también identifica transferencias a cuentas en Brasil y Suiza, así como el uso de efectivo y facturas falsas emitidas por asesores fiscales para blanquear los fondos.
Santos Cerdán, señalado por la UCO como el «gestor» de estas comisiones, aparece en múltiples grabaciones gestionando pagos y discutiendo deudas pendientes con constructoras. En una conversación de febrero de 2022, Cerdán pregunta a Koldo sobre «los 550», a lo que este responde que corresponden a obras en Murcia. La UCO interpreta estas interacciones como evidencia de que Cerdán tenía un conocimiento detallado del entramado. Además, el informe sugiere que la relación entre Cerdán y Koldo, que comenzó en Navarra en 2015, evolucionó hasta convertirse en una estructura de corrupción importada a Madrid cuando Ábalos asumió el Ministerio de Transportes en 2018.
Aunque la UCO no acredita de forma definitiva la participación directa de todos los ministros, considera la declaración de Koldo de «extraordinario valor indiciario» debido a su espontaneidad y al contexto de confianza en el que se produjo. La grabación no solo implica a Cerdán y Ábalos, sino que menciona a otras figuras del PSOE y contratos con empresas como Soluciones de Gestión, epicentro de la trama inicial de mascarillas durante la pandemia. El informe también revela que Koldo grabó sistemáticamente sus conversaciones como un «seguro de vida», dejando audios en su domicilio que la UCO encontró tras su detención. Fuentes cercanas a Koldo afirman que posee cientos de grabaciones adicionales, guardadas en un lugar seguro, que podrían implicar a más figuras del Gobierno, del PSOE e incluso del Ibex 35.
La investigación ha llevado a registros en la casa de Ábalos en Valencia y en empresas constructoras en Navarra, Granada y Madrid, así como a la dimisión de Cerdán como secretario de Organización del PSOE tras la presión política. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ofrecido a Cerdán declarar voluntariamente el 25 de junio, dado su estatus de aforado, aunque podría solicitar un suplicatorio al Congreso si se rechaza. El PSOE ha defendido a Cerdán, afirmando que no influyó en adjudicaciones, y ha criticado las filtraciones mediáticas, mientras el Gobierno intenta desvincularse de los implicados. Sin embargo, partidos como PP, Vox y Podemos han exigido explicaciones, con algunos señalando a Pedro Sánchez directamente, argumentando que es «poco creíble» que desconociera las prácticas descritas.
El escándalo, que trasciende la inicial trama de mascarillas, pone en jaque la credibilidad del Gobierno y amenaza con nuevas imputaciones si las grabaciones adicionales de Koldo salen a la luz. La UCO continúa analizando dispositivos y comunicaciones, mientras la opinión pública y los medios debaten si este caso representa un episodio aislado o evidencia de una corrupción sistémica en el seno del PSOE.





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