El comisionado especial del Gobierno de Pedro Sánchez para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla, ha presentado su dimisi...
El comisionado especial del Gobierno de Pedro Sánchez para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla, ha presentado su dimisión tras revelarse que falsificó un título universitario inexistente para acceder a su puesto como funcionario, un escándalo que ha sacudido la confianza en la administración pública española. La renuncia, anunciada esta mañana en una carta dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se produce apenas dos días después de que medios como El Mundo destaparan las irregularidades, basándose en un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que señala que Ángel presentó un diploma de diplomado en Archivística y Biblioteconomía supuestamente obtenido en la Universidad de Valencia en 1983, año en el que dicha titulación ni siquiera se ofrecía en esa institución. La Universidad de Valencia ha confirmado que la diplomatura no existió hasta 1990, desmintiendo la validez del documento y generando una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que apunta a falsedad documental.
Ángel, de 68 años y veterano político socialista con una trayectoria que incluye cargos como alcalde de l’Eliana, senador y secretario autonómico de Emergencias, defendió en su carta que su acceso a la Diputación de Valencia hace 43 años fue «legal y reglamentario», insistiendo en que «jamás ha falsificado ningún documento» ni se valió de uno falso para obtener su plaza. Sin embargo, el informe de Antifraude sostiene que no completó sus estudios universitarios y que el título presentado fue validado negligentemente por funcionarios de la Diputación, lo que le permitió escalar a un puesto de mayor categoría y salario. En su escrito, el ya excomisionado atribuyó las acusaciones a una «campaña de inquina» destinada a «socavar» su trayectoria, y anunció su jubilación tras más de 40 años de servicio, afirmando que defenderá su «honor y honestidad» frente a lo que califica como un «procedimiento inquisitorial» sin derecho de réplica.
La dimisión llega en un contexto de creciente presión política, con el PP exigiendo su cese inmediato y la oposición cuestionando la idoneidad del Gobierno para gestionar la reconstrucción tras la DANA, que dejó 228 muertos en octubre de 2024. El Ejecutivo, que inicialmente mantuvo una postura cauta solicitando documentación, no logró contener el daño, y la falta de respaldo explícito de Sánchez o sus ministros ha sido interpretada como un abandono tácito. La sustitución de Ángel será asumida por Zulima Pérez, asesora en el Ministerio de Política Territorial y exdirectora general con Ximo Puig, según fuentes oficiales. El caso ha desatado un debate en redes sociales bajo el hashtag #DanaFalsedad, con usuarios divididos entre quienes ven una cacería política y quienes exigen responsabilidades por el uso indebido de fondos públicos. La investigación sigue abierta, y el escándalo podría extenderse a otros cargos si se confirman irregularidades adicionales en la Diputación, dejando al Gobierno en una posición vulnerable ante las próximas citas electorales.
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